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La Ciudad Autónoma calcula que tendrá que desembolsar
alrededor de 10 millones de euros para poder hacerse con las
viviendas y locales comerciales situados en el que será el
nuevo trazado de la carretera nacional de la frontera. El
portavoz del Ejecutivo, Emilio Carreira, dio a conocer este
dato tras la reunión del Consejo de Gobierno, en el que se
ha analizado este proyecto después de la reunión que mantuvo
este jueves, día 15 en Madrid, la consejera de Fomento,
Susana Román, la segunda en apenas diez días.
Con el objetivo de acortar los plazos, la Ciudad tratará de
evitar el proceso de expropiación, que conlleva una larga
tramitación administrativa, e intentará alcanzar acuerdos
con cada uno de los propietarios de las viviendas y de los
locales ofreciéndoles un realojo en la misma zona. “Será
algo laborioso, pero no complejo”, resumió Carreira.
Los cálculos de la Consejería de Fomento apuntan a que la
valoración de los inmuebles que deberán ser derribados
(todos los de la zona) tienen un valor aproximado de 10
millones de euros. La intención es un principio que los
propietarios de casas pasarían a una vivienda pública,
mientras que en el caso de los empresarios se amplía el
abanico de posibilidades, aunque todo se hará, tal y como
explicó Carreira, en función de la valoración económica que
hagan los técnicos de la Ciudad de cada inmueble. Este
proceso se desarrollará de acuerdo con el censo de inmuebles
que ya tiene elaborado la Consejería, en el que se detalla
cada uno de ellos. Así, según el consejero, se evitarán
pleitos y que harían muy complicado el desarrollo de la
zona, que sigue siendo muy importante.
“Podemos arreglar el puesto fronterizo, aunque esa
carretaera y su entorno son totalmente imprescindible para
la agilidad del paso de personas y mercancías”, espetó el
portavoz, que agregó que, además, “es la entrada en Europa”.
Para Carreira algo es claro y que dice mucha gente “y es que
parece que entramos en Europa cuando vamos al otro lado”,
refiriéndose claramente a la mala imagen que ofrece la zona.
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