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El subdelegado del Gobierno en Cádiz, Javier de Torre,
informó ayer de la ‘operación Repícaro’ contra empresas
ficticias en la provincia gaditana, con un total de 62
detenidos y 133 imputados hasta el momento por presuntos
delitos de estafa y fraude a la Seguridad Social que podría
rondar el millón de euros. La operación continúa abierta y
no se descartan nuevas detenciones.
El grueso de los detenidos e imputados son de la provincia
de Cádiz, aunque también hay personas de Madrid, Sevilla,
Ceuta, Jaén y Las Palmas de Gran Canaria.
Según explicó De Torre en rueda de prensa, se trata de una
operación en la que han intervenido la Tesorería General de
la Seguridad Social, la Inspección de Trabajo y la Guardia
Civil que tiene su origen en otras dos operaciones
anteriores por las mismas prácticas delictivas -’Relisto’ y
‘Picones’, que supusieron la detención y puesta a
disposición judicial de 422 y 304 personas,
respectivamente-.
¿Cómo operaba la red?
Detalla De Torre que personas imputadas por ser presuntos
trabajadores ficticios de las falsas empresas descubiertas
en dichas operaciones habrían creado cuatro nuevas empresas
ficticias supuestamente dedicadas a la limpieza, la
construcción y el sector del taxi.
A través de estas empresas fantasma habrían contratado a 78
trabajadores y realizado 221 movimientos de altas y bajas a
la Seguridad Social, lo cual fue detectado por la Inspección
de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social,
que pusieron los hechos en conocimiento de la Fiscalía en
julio de 2013. Todas las actuaciones están siendo dirigidas
por el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez de la
Frontera (Cádiz).
El objetivo de los falsos trabajadores, que pagaban
distintas cantidades de dinero para ser contratados, era
obtener prestaciones por desempleo, por maternidad o acceder
al tercer grado penitenciario gracias a un contrato
simulado.
Así, el entramado criminal, cuyo presunto cabecilla es un
vecino de Jerez, obtenía cuantiosos beneficios económicos,
ya que a todos los trabajadores a los que daba de alta se
les cobraba una cantidad económica en función de las
necesidades concretas del mismo. Además, resalta el
cuantioso gasto ocasionado a la Administración en forma de
cotizaciones, prestaciones por desempleo y demás conceptos.
Más de medio millón recuperado
De Torre explicó que el procedimiento administrativo
sancionador de la Inspección de Trabajo queda sujeto a la
investigación judicial. No obstante, se han podido recuperar
584.000 euros de prestaciones cobradas o que se iban a
cobrar porque se había generado un derecho ficticio a la
prestación. Asimismo, se impone una sanción de 537.000 euros
a las empresas ficticias.
Recalcó que para el Gobierno es una “prioridad” luchar
contra el fraude, habiéndose incrementado en un 704% las
actuaciones contra empresas ficticias en el periodo
2012/2013 respecto al periodo 2010/2011.
También subrayó el buen funcionamiento de los mecanismos y
alarmas puestos en marcha por la Tesorería General de la
Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, ya que fue el
seguimiento de personas implicadas en ‘Picones’ y ‘Relisto’
lo que ha permitido desarrollar esta operación.
Igualmente, significó la “enorme dificultad” que ha
entrañado la operación, ya que se ha detectado “un cambio en
la forma de operar de las empresas ficticias”, que ya no son
“puras” en el sentido de que no tienen ninguna actividad ni
prestan ningún servicio, sino que han evolucionado a una
forma anterior y son empresas que, teniendo una actividad
real, contratan ficticiamente a trabajadores que no prestan
ningún servicio.
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