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Ante las sanciones que la Policía
Local viene imponiendo a los hosteleros que, en tiempo y
forma, han solicitado licencias para las terrazas, a causa
de no disponer de las mismas por el colapso administrativo
existente, resulta sorprendente que, la propia
Administración que habría de solucionar este asunto, no
controle la continúa presencia de agentes policiales a su
cargo, requiriendo documentación, aparte de la mala imagen
que para los propios establecimientos, supone una injusta
manera de proceder contra un sector que trata de defender
negocios que reportan puestos de trabajo y riqueza.
La Ciudad Autónoma de Ceuta no puede de un lado, hablar de
agilizar las licencias de apertura y por otro, no llevar a
cabo este acuerdo de Pleno, con el consiguiente perjuicio a
los empresarios del sector, máxime cuando en Ceuta son los
servicios los que en su mayoría acaparan un elevado número
de empresas y trabajadores. Si a nivel institucional no se
actúa con un mínimo de coherencia y criterio, mal futuro
espera a los empresarios hosteleros con las multas que les
llegan por la demora en la tramitación de sus licencias.
Algo ajeno a ellos y que la propia Administración debería
tutelar estas situaciones tan contradictorias. El denominado
“limbo” legal que afecta a los empresarios y su exigencia de
modificar la normativa de terrazas, habría que solucionarlo,
ya que se está poniendo en grave riesgo de continuidad una
serie de negocios. La indignación empresarial está
justificada y requiere mucha más atención que la que se le
presta desde la Ciudad Autónoma. No puede perjudicarse a un
sector que lucha para salir adelante y que contribuye a
generar riqueza. El rigor en la exigencia de documentación
ha de ir acompañado con trámites ágiles.
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OPINIÓN / EDITORIAL
