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El colectivo de abogados ha puesto
el grito en el cielo y anuncian movilizaciones en señal de
repulsa por la nueva Ley de Justicia Gratuita en base a
diversas razones negativas que les afecta: reduce el umbral
económico de los beneficiados para solicitarla, en unos
momentos en los que, acuciados por la crisis, son muchos los
que no pueden pagar las tasas judiciales y recurren a este
sistema. Además, la nueva Ley de Colegios Profesionales
agrava aún más el problema de la subsistencia de los propios
Colegios al “asfixiarlos”, lo que motivará diveros actos
reivindicativos: el 24 de julio concentración en Madrid para
paralizar el anteproyecto de Justicia Gratuita en trámite
parlamentario, el 30 del mismo mes y el 10 de septiembre,
otros actos reivindicativos para la paralización de los
turnos de oficio.
En este ambiente de conflictividad, lo que se trasluce es
que el Gobierno, a espaldas de los afectados, no ha
escuchado su voz y provoca una ruptura. El cúmulo de
contrariedades que vislumbran los abogados son la
consecuencia directa de su conocimiento sobre el día a día.
Han sido ignorados y a la hora de proceder al aspecto
legislativo, lamentan que sean los criterios económicos, con
la obsesión de la austeridad, los que prevalecen por encima
de otras cuestiones que también hay que poner sobre la mesa.
La Justicia se encuentra en un nivel de conflictividad que
se hará notar en los próximos meses. A pocos días de algunos
actos reivindicativos, en el Día de la Justicia Gratuita,
han alzado su voz de protesta. Bien merecen que se les
escuche, porque gobernar a golpe de “decretazo” o, como en
este caso, ejerciendo la mayoría absoluta para hacer oídos
sordos a lo que es un clamor profesional, será democrático
pero no sensato.
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OPINIÓN / EDITORIAL
