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La diputada no adscrita, Fatima Hamed, continúa sacando a la
palestra tema que están ‘ahogando’ a las familias con más
necesidades de la ciudad y ha denunciado como la
refinanciación de los pagos de las VPO que planteó el
Gobierno para reducir las mensualidades y aumentar el tiempo
conlleva el pago de 200.000 euros en intereses. Una cantidad
que, según alerta Hamed, hace “imposible” que estas familias
afronten los pagos.
“Hace más de seis meses, el gobierno aprobó la posibilidad
de la refinanciación a quienes, teniendo viviendas de
protección oficial, no puedan hacer frente al pago de las
mismas”, ha recordado la diputada a través de un comunicado.
Entonces, se estableció que esta modificación podrá ser
solicitada por aquellos titulares de viviendas que
cumpliendo con los requisitos sumen más de tres vencimientos
impagados y se realizaría acumulando el capital pendiente de
amortización en el momento de la solicitud y el importe de
los vencimientos impagados sin considerar la posible
bonificación aplicada a los mismos, incluyendo capital e
intereses. Se fijó para ello el límite de 50 años, de modo
que ampliando el plazo de pago los beneficiarios pueden
establecer así una menor cuota mensual.
Sin embargo, las personas que han acudido a tramitar esta
refinanciación (actualmente hay más de 130 solicitudes) se
encuentran con un problema que no hace sino agravar la
situación y es que una vez conocidas las cuantías a pagar se
dan cuenta, según informa Hamed, de que las cifras se
disparan con respecto a los intereses, que calculados al 5%,
en los 50 años alcanzan cantidades superiores a los 200.000
euros, una cantidad que triplica el precio establecido de
las viviendas, tal y como es el caso de algunas viviendas en
las que teniendo como capital pendiente de pago poco más de
70.000 euros ven que, en el cuadro de amortización que se
les facilita al acogerse a la refinanciación por un período
de 50 años, tendrán que pagar 214.000 euros sólo en concepto
de intereses. Esta situación está ocasionando que muchas
familias desistan de su pretensión inicial de refinanciar
sus viviendas primero por la escasez de sus recursos (son 3
los requisitos a cumplir para que se conceda esta
refinanciación: que la renta de los miembros de la unidad
familiar no supere el IPREM, 532,51 euros mensuales, que la
vivienda objeto de la solicitud sea el domicilio habitual
del solicitante y que ni éste ni ninguna de las personas
empadronadas en la vivienda sea propietario de otra casa) y
en segundo lugar porque la cuantía definitiva a pagar por
sus viviendas resulta excesivamente elevada.
“Cuantías asfixiantes”
Hamed advierte de que no se puede pretender incentivar y
fomentar los pagos de las viviendas de protección oficial y
por otro lado, “plantear una cuantías asfixiantes teniendo
en cuenta los intereses que se les van totalmente de las
manos a las familias”. Por ello, la diputada no adscrita
insta a la Consejería de Fomento, a la que se adscribe el
negociado de vivienda, a tratar este problema lo antes
posible y a plantearse la reducción de ese 5% de interés que
se aplica, en virtud de normativa de hace más de 30 años, y
a ofrecer soluciones factibles a las familias que quieren
pagar sus viviendas pero a las que la elevada cuantía que
resulta de los intereses les imposibilita hacerlo.
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grupo no adscrito
