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La UE gastó casi dos mil millones
de euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y
2013, frente a los 700 millones destinados a mejorar la
situación de personas refugiadas y solicitantes de asilo Los
números están en el informe de Amnistía Internacional ‘El
coste humano de la fortaleza Europa; violaciones de Derechos
Humanos en las fronteras de Europa contra personas migrantes
y refugiadas, que denuncia la vida de los sin papeles que se
asoman a los bordes de Europa’.
El documento aporta datos que explican por qué no se emigra
por capricho. Casi la mitad de las personas que tratan de
entrar irregularmente huyen del conflicto o la persecución
en países como Siria, Afganistán, Eritrea y Somalia
Según el informe, en su determinación de cerrar sus
fronteras, la Unión Europea y sus Estados miembros están
poniendo en peligro las vidas y los derechos de las personas
refugiadas, migrantes y solicitantes de asilo, afirma
Amnistía Internacional en un nuevo informe publicado hoy por
la organización.
El coste humano de la Fortaleza Europa
Violaciones de derechos humanos cometidas en las fronteras
de Europa contra personas migrantes y refugiadas muestra
cómo las políticas migratorias de la UE y sus prácticas de
control de fronteras impiden a las personas refugiadas
acceder al asilo en la UE y las obliga a poner sus vidas en
peligro en travesías cada vez más peligrosas.
“La eficacia de las medidas de la UE para contener la
afluencia de personas refugiadas y migrantes en situación
irregular es, como mínimo, cuestionable. Mientras, el coste
en vidas humanas y sufrimiento es incalculable y lo pagan
personas que se encuentran entre las más vulnerables del
mundo”, ha dicho John Dalhuisen, director del Programa para
Europa y Asia Central de Amnistía Internacional.
Control de fronteras
La política migratoria de la UE cuesta miles de millones de
euros, que los Estados miembros gastan cada año en construir
vallas, aplicar avanzados sistemas de vigilancia y patrullar
sus fronteras.
El informe señala que “un indicador que revela su orden de
prioridades es que la UE gastó casi dos mil millones de
euros en proteger sus fronteras externas entre 2007 y 2013,
y sólo dedicó 700 millones a mejorar la situación de las
personas refugiadas y solicitantes de asilo en su territorio
durante el mismo periodo”.
Amnistía Internacional expone que la UE y sus Estados
miembros también financian y cooperan con países vecinos
–como Turquía, Marruecos y Libia– para crear una zona de
contención en torno a la UE e intentar detener a personas
refugiadas y migrantes incluso antes de que lleguen a las
fronteras de Europa. “Al mismo tiempo, hacen la vista gorda
ante los abusos contra los derechos humanos que sufren las
personas refugiadas y migrantes en estos países”, subraya.
“Básicamente, los países de la UE están pagando a sus
vecinos para que vigilen sus fronteras por ellos. El
problema es que muchos de estos países con frecuencia son
incapaces de garantizar los derechos de las personas
refugiadas y migrantes que están atrapadas en ellos, muchas
de las cuales terminan en la indigencia, explotadas,
acosadas y sin poder acceder a procedimientos de asilo.”
“Los Estados miembros de la UE no pueden eludir su
obligación en materia de derechos humanos hacia quienes
tratan de entrar en su territorio a base de externalizar su
control de la migración a terceros países. Es preciso que
tal cooperación termine.”
Devoluciones ilegales
Las personas refugiadas y migrantes que consiguen traspasar
las fronteras de Europa se arriesgan a ser devueltas en
cuanto pisan suelo europeo. Amnistía Internacional ha
documentado “devoluciones en caliente” efectuados por
guardias de fronteras en Bulgaria y especialmente en Grecia,
donde se trata de una práctica muy extendida. Las
“devoluciones en caliente” son ilegales, niegan a las
personas el derecho a solicitar asilo, suelen implicar
violencia y en ocasiones incluso ponen vidas en peligro.
“Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, el número
de personas desplazadas que hay en la actualidad es el mayor
desde el final de la segunda Guerra Mundial.
Sorprendentemente, la respuesta de la Unión Europea a esta
crisis humanitaria ha sido agravarla”.
Vidas perdidas en el mar
Ante el aumento constante de los obstáculos para llegar a
Europa por tierra, “cada vez son más las personas refugiadas
y migrantes que optan por las rutas marítimas, más
peligrosas, para llegar a Grecia e Italia. Cada año cientos
de personas mueren intentando alcanzar las costas europeas”.
Tras las tragedias ante las costas de la isla italiana de
Lampedusa, en las que perdieron la vida más de 400 personas
en 2013, Italia lanzó una iniciativa de búsqueda y rescate
denominada “Operación Mare Nostrum”. Desde el inicio de esta
operación, en octubre de 2013, han sido rescatadas más de
50.000 personas.
“Pero no es suficiente”, lamenta Amnistía Internacional.
“Sólo en los primeros seis meses de 2014, más de 200
personas han perdido la vida en el Mediterráneo y el Egeo, y
cientos más han desaparecido y se teme que hayan muerto.
Muchas eran personas que huían claramente de situaciones de
violencia y persecución”, añaden.
“La responsabilidad de la muerte de las personas que tratan
de llegar a la UE es colectiva. Otros Estados miembros de la
UE pueden y deben seguir la pauta de Italia e impedir que
las personas perezcan ahogadas en el mar redoblando los
esfuerzos de búsqueda y rescate en el Mediterráneo y el
Egeo”, ha dicho John Dalhuisen.
“Las tragedias humanas que se desarrollan diariamente ante
las costas europeas no son inevitables ni están fuera del
control de la UE. Muchas están creadas por la propia UE. Los
Estados miembros deben comenzar, por fin, a poner a las
personas por delante de las fronteras”.
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