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Los gritos del sufrimiento
silencioso, de la penuria acuciante, del sentimiento de
desprotección, asolan a una familia de “okupas” por
necesidad imperiosa de un techo en el que vivir o malvivir
(que es realmente lo que les sucede), con unos exiguos 150
euros para seis personas que padecen la espada de Damocles
que les obliga a abandonar una vivienda que ocupan
ilegalmente y de la que una orden judicial les manda
desalojar para cambiar por un cielo de estrellas a la
intemperie. Y en esta situación extrema, una madre lanza un
SOS al alcalde de Ceuta reclamando un derecho
constitucional: una vivienda en donde llevar a su familia
desvalida.
Los políticos es, en estos trances difíciles, (donde el ser
humano padece las miserias de la vida), cuando han de
hacerse notar y dar un paso adelante con soluciones reales y
fórmulas paliativas que amparen a estos ciudadanos, cuya
situación es una verdadera verguenza social porque pone al
descubierto las fisuras de un sistema que permite estas
tragedias en pleno siglo XXI en una sociedad civilizada,
avanzada y, aún golpeada por la crisis económica, donde
todavía se disfruta del estado del bienestar. Sin embargo,
aún hay personas que no conocen ese estado del bienestar y
sí el del sufrimiento, la marginación y la vida en precario.
El drama humano de la desprotección se da la mano con la
legislación en materia de propiedad, aunque las personas nos
movemos por sentimientos y pese a que digan que la Justicia
es ciega, hay casos como éste que claman al cielo, que
reclama la justicia social en estado puro. La vida mísera,
de penurias, no puede ser la condena que añadir al desalojo
de una familia desprotegida. La orden judicial es una cosa y
la actuación política, otra. La conciencia social es
fundamental para recuperar la dignidad.
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OPINIÓN / EDITORIAL
