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CCOO rechaza que se encomiende el servicio público del
Registro Civil a los registradores mercantiles, porque
“desaparecerán todos los registros civiles, se perderán
cerca de 4.000 empleos públicos, los datos privados de la
ciudadanía dejarán de estar gestionados por funcionarios
públicos, y habrá que pagar por la tramitación de numerosos
expedientes y en el futuro por determinadas inscripciones y
certificaciones”. Ante la aprobación por el Consejo de
Ministros de la modificación de la Ley 20/2011, de Registro
Civil, mediante un real decreto ley y un posterior proyecto
de ley por el que se quiere encomendar el Registro Civil a
los registradores mercantiles, CCOO muestra su total y
absoluto rechazo a dicho proyecto, que supondrá la
privatización de un servicio público, universal y gratuito
para la ciudadanía, para pasarlo “a quienes hacen del
ejercicio de una función pública un negocio privado, como
son los registradores mercantiles”.
El Sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO
denuncia que, con esta modificación de la ley 20/2011, los
datos particulares de toda la ciudadanía dejarán de estar
gestionados por funcionarias y funcionarios públicos de la
Administración de Justicia -sujetos a los deberes y
obligaciones establecidos legalmente-, para pasar a ser
gestionados por los registradores mercantiles, que no están
integrados en la organización de la Administración pública,
y su personal, que no son funcionarios. “Al quedar el
Registro Civil fuera de la esfera de las administraciones
públicas, no queda garantizado ni se podrá imponer una
adecuada dotación de medios personales y materiales para su
funcionamiento”, añaden.
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comisiones obreras
