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Ha sido la verdadera “bomba política” del fin de semana y
desde que el viernes la diputada no adscrita, Fatima Hamed,
denunciara la utilización de fondos públicos para el uso
privado con la realización, al parecer, de trabajos por
parte de la Brigadas Verdes en una propiedad privada, las
declaraciones al respecto no han cesado.
Todas la partes se han pronunciado, menos una, la
presidencia de la Federación Provincial de Asociaciones de
Vecinos de Ceuta.
El viernes, después de Hamed, el sector crítico con la labor
del presidente de la FPAV, Juan Moreno, se sumó a la
denuncia de la diputada no adscrita y pidió el cese
inmediato del gerente de la Brigadas Verdes y la dimisión
del presidente del colectivo provincial.
Ya por la noche y ese mismo día, El Gobierno de la Ciudad
emitió un breve comunicado de prensa para dejar claro que
nada tiene que ver con el asunto, argumentado que no había
realizado ningún tipo de encargo de similares
características y que, además, en los partes de trabajo
presentados por los responsables de la empresa que gestiona
la Federación Provincial, gracias a un convenio de más de
cuatro millones de euros anuales con la Ciudad, no aparece
uno como el denunciado por la diputada no adscrita.
Aunque hace tiempo que muchos negaron la existencia de
problemas en el seno de la Federación Provincial desde la
llegada a la presidencia de Juan Moreno, los acontecimientos
están demostrando que era cierto todo lo que venía
publicando este periódico desde la renunión celebrada a
finales del pasado año en los locales de la Asociación del
Recinto Sur y cuando aún estaba al frente del colectivo
vecinal provincial José Ramos.
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