|
Ante la aprobación el viernes por el Consejo de Ministros de
la modificación de la Ley 20/2011, de Registro Civil,
mediante un real decreto ley y un posterior proyecto de ley
por el que se quiere encomendar el Registro Civil a los
registradores mercantiles, Comisiones Obreras ha mostrado su
total y absoluto rechazo a dicho proyecto, que supondrá la
privatización de un servicio público, universal y gratuito
para la ciudadanía, para pasarlo “a quienes hacen del
ejercicio de una función pública un negocio privado, como
son los registradores mercantiles”.
El sector de la Administración de Justicia de FSC-CCOO
denuncia que, con esta modificación de la ley 20/2011, los
datos particulares de toda la ciudadanía dejarán de estar
gestionados por funcionarias y funcionarios públicos de la
Administración de Justicia sujetos a los deberes y
obligaciones establecidos legalmente, para pasar a ser
gestionados por los registradores mercantiles, que no están
integrados en la organización de la Administración pública,
y su personal, que no son funcionarios. “Al quedar el
Registro Civil fuera de la esfera de las administraciones
públicas, no queda garantizado ni se podrá imponer una
adecuada dotación de medios personales y materiales para su
funcionamiento”, añaden.
Con este proyecto desaparecerán todos los Registros Civiles,
sin que las notarías puedan ejercer adecuadamente estas
funciones, lo que implicará un evidente perjuicio para toda
la ciudadanía. CCOO recuerda que el proyecto de la Ley
Orgánica del Poder Judicial también suprime los Juzgados y
Agrupaciones de los Juzgados de Paz.
El proyecto trocea el actual servicio de Registro Civil,
repartiendo sus actuaciones entre registradores mercantiles,
que se harán cargo de las inscripciones y certificados, y
los notarios, que se harán cargo de la tramitación y
resolución de la mayor parte de expedientes (nacionalidad,
matrimonios civiles, etc.), hoy gratuitos y por los que el
Ministerio de Justicia ya ha dicho que habrá que pagar.
Además, tal y como denuncia el propio Colegio de
Registradores, queda en el aire cómo se pagará el coste del
servicio del Registro Civil, por lo que seguramente su coste
final será asumido bien por el Estado, por vía de dotación
presupuestaria, o bien por la ciudadanía, pagando por
determinadas inscripciones y certificaciones.
La privatización del Registro Civil supondrá además la
desaparición de cerca de 4.000 puestos de trabajo. Aun
cuando a corto plazo el Ministerio de Justicia y las
comunidades autónomas con competencias asuman que todo el
personal actual de los registros civiles pase a oficinas
judiciales, CCOO advierte que a medio plazo todas las
administraciones realizarán amortizaciones de plantillas en
aquellos órganos judiciales que entiendan sobredotados, tal
y como permite la Ley Orgánica del Poder Judicial.
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España ya se alzó contra la decisión del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignarles a los
registradores mercantiles la gestión de los servicios que
presta el Registro Civil. Desde el organismo han
manifestado, a través de un comunicado, su “absoluta
disconformidad” y explican como desde que hace un año ya se
comenzara a hablar de este posible cambio han presentado al
Ministerio distintas propuestas que para ellos sí responden
a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al
eficaz funcionamiento del Registro Civil.
“El anuncio del ministro pone de relieve el desconocimiento
de la estructura del cuerpo de registradores, formado por un
cuerpo único de funcionarios que sirven indistintamente
tanto registros de la propiedad como a los mercantiles”,
explicaron en un comunicado de prensa.
|
comisiones obreras
