OPINIÓN - SÁBADO, 5 DE JULIO DE 2014

Cinismo e hipocresía

Por Ramiro T.

La Federación Provincial de Asociación de Vecinos se ha convertido en un polvorín. Desde las controvertidas elecciones del 2 de mayo, en las que se originó una ruptura total entre dos grupos, apoyados cada uno de ellos por dos consejeros del Gobierno de Vivas que andan a la greña, lo cierto es que el desarrollo de los acontecimientos han estado marcados por las desavenencias.

El último episodio, los trabajos de las Brigadas Verdes (dependientes de la federación de Asociaciones de Vecinos), desarrollados en una propiedad privada, ha desatado, no sólo la denuncia pública de la diputada no adscrita, Fatima Hamed, sino del propio sector crítico que ha encontrado un momento propicio para deteriorar la imagen y gestión del actual presidente y del gerente de las Brigadas Verdes.

Partiendo de la base de la justificada denuncia de la política de la oposición, Fatima Hamed (muy activa y destacada últimamente en visitas a barriadas), en su legítimo derecho y obligación de criticar y denunciar cuanto no se ajuste a la legalidad, no es menos cierto que detrás de todo este asunto se esconde la labor de desgaste de la actual Junta Directiva, que los “críticos” vienen ejerciendo, basándose en aprovechar la corriente, en este caso en relación con la utilización de los recursos públicos en un cometido privado.

Sin embargo, no es ético querer ganar con las cartas marcadas. Poner el grito en el cielo y rasgarse las vestiduras por la recogida de broza en una finca privada que, si nos apuran mucho, es también una forma de evitar los riesgos de un posible incendio en verano, y mirar para otro lado ante la falta de criterios selectivos o de una fórmula de selección para otorgar los puestos de trabajo en las Brigadas Verdes, es de una hipocresía y un cinismo mayúsculo.

Si es de vergüenza y un abuso tremendo utilizar los bienes y los recursos públicos para una finalidad privada, ¿cómo se califica colocacar ‘a dedo’ a más de cien personas con ese mismo dinero público? Que se sepa, son esos mismos fondos públicos los destinados a los sueldos de quienes tienen la suerte de ocupar un puesto de trabajo en las Brigadas Verdes, pero nadie ha dicho nada hasta ahora. Solo se apunta al gerente de las Brigadas, el eslabón más débil de la cadena.

Si los hay que se erigen en defensores acérrimos del dinero público, ¿por qué no denuncian en razón a qué criterios se lograr la colocación y el sueldo de carácter público, ya que proviene de la subvención de cuatro millones que recibe de la Ciudad Autónoma de Ceuta la Federación de Asociaciones de Vecinos? ¿Quién decide quién entra a trabajar y quién no? La realidad es que esto no interesa a nadie, porque aquí están todos ‘pringaos’ y los vínculos familiares de muchos de los empleados con integrantes de Asociaciones de Vecinos e incluso con miembros de partidos políticos es sorprendente.

Hay que reclamar el rigor, la transparencia y la crítica a todo lo que no esté claro o pueda despertar cualquier sospecha de arbitrariedad o favoritismo cuando hay dinero público de por medio. Pero no cabe quedarse en la anécdota. Los ‘críticos’ deben profundizar mucho más allá para fiscalizar un montante económico, cuyas contrataciones se desconocen en función de qué criterios se establecen. Cuando lo hagan tendrá credibilidad, mientras juegan con cartas marcadas.