La Asamblea de Ceuta celebra mañana la sesión plenaria
ordinaria correspondiente al mes de junio a partir de las
10.00 horas. Dentro del orden del día, el cual fue dado a
conocer ayer por el Gabinete de Prensa de la Ciudad y en el
que se puede observar que dentro del apartado de
Diposiciones Generales, se dará conformidad si procede a la
propuesta presentada por la consejera de Fomento, Susana
Román, relativa a la aprobación definitiva de la Ordenanza
Municipal reguladora del ejercicio de actividades
comerciales y prestación de determinados servicios, sujetas
a procedimiento de comunicación previa o declaración
responsable.
Esta propuesta fue dada a conocer el pasado viernes, durante
la rueda de prensa ofrecida por el portavoz del Gobierno,
Emilio Carreira, tras la celebración del Consejo de Gobierno
de la Ciudad. En este sentido, Carreira explicaba que el
objetivo de la misma es lograr suprimir las múltiples trabas
existentes hasta ahora para que los empresarios que tengan
interés en promover una iniciativa empresarial “no lo
tuvieran tan difícil”.
Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, el
portavoz del Ejecutivo de Vivas insistió en que la Ciudad
Autónoma se ha querido sumar a la iniciativa del Gobierno de
España y con la modificación de esta ordenanza “pretendemos
que el 40% o más de las iniciativas empresariales se puedan
poner en marcha con una declaración responsable”, aunque
todo ello sin perjuicio que posteriormente la administración
haga los controles que estime oportuno realizar.
Estas manifestaciones han llevado a la diputada no adscrita,
Fatima Hamed, a salir a la palestra con el fin de desmentir
las afirmaciones realizadas por Carreira. En este sentido,
la diputada ha afirmado a través de un comunicado de prensa
que “no supone ni viene motivada porque el gobierno local,
como se ha manifestado por parte de su portavoz, haya
querido sumarse a la iniciativa del gobierno de la nación,
sino que se produce como consecuencia del requerimiento por
parte de la directora general de Comercio Interior, adscrita
a la Secretaría de Estado de Comercio”.
Junto al comunicado de prensa emitido ayer por Hamed,
también adjuntó el documento oficial del requerimiento
realizado por la directora general de Comercio Interior, en
el que refleja que “del análisis de la información
remitida... se deduce que no se ha procedido a la
adecuación, en ese territorio, de las ordenanzas municipales
aplicables en la materia, a la Ley 12/2012 de 26 de
diciembre, de medidas urgentes de liberalización del
comercio y de determinados servicios” e insiste en que “se
hace necesaria la adecuación de cuantas ordenanzas se vean
afectadas por la ley 12/2012, puesto que de una eventual
aplicación de aquellas se deduciría un claro incumplimiento
de sus mandatos”.
Este escrito remitido por la directora general de Comercio
Interior fue enviado en el mes de marzo y en el mismo
recuerda a la Ciudad que la ley procede a eliminar los
supuestos de autorización o licencia municipal previa
ligados a los establecimientos comerciales y otros que se
detallan en su anexo I, siempre que dispongan de una
superficie de exposición y venta al público de hasta 750 m2.
Con ello, se consagra el régimen de declaraciones
responsables o comunicaciones previas en sustitución de las
licencias previas que no pueden ser exigidas para los
supuestos que se mencionan. Señala también que la
flexibilización característica de esta ley, alcanza a todas
las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales que
no requieran de la redacción de un proyecto de obra (se
adjunta el documento en cuestión)
En el comunicado de prensa emitido por la diputada no
adscrita destaca que “el tirón de orejas de la Dirección
General de Comercio Interior, finaliza exigiendo a la ciudad
que adopte cuantas medidas sean necesarias para adecuarse al
marco jurídico vigente en la materia”.
En este sentido, Hamed insistió en que “poco tiene el
gobierno del PP de lo que presumir respecto a este asunto,
puesto que a lo único a lo que va a proceder es a aplicar la
ley demostrando, una vez más, su ineptitud y hasta su
prepotencia en las actuaciones al pretender que una
ordenanza local incumpla lo establecido por una ley que data
del año 2012 y a cuyo cumplimiento se está obligado puesto
que ninguna norma de rango inferior puede contradecir a otra
superior”.
Sobre este asunto, el portavoz recordó durante su
comparecencia del viernes que el Gobierno de España, con la
Ley de Unidad de Mercado, ha pretendido eliminar estos
obstáculos que había tanto a nivel de país como de comunidad
autónoma, así como de ordenanzas municipales.
Igualmente adelantó que el Gobierno también ha analizando
otro tipo de normas que están en vigor en la actualidad y
“que se van a ir corrigiendo”, ya que es un compromiso la
Ciudad adquirió y “que tiene premio en dos direcciones”,
primero para las iniciativas empresariales y también para la
Administración ceutí.
Este último apartado fue matizado por el portavoz,
argumentando que la administración va a obtener como
consecuencia de lo manifestado una rebaja sustancial del
interés del préstamo de ICO, que asciende a ochenta millones
de euros y que se ha recogido en el expediente de
modificación de crédito aprobado inicialmente esta misma
semana, “por lo que vamos a disponer de más seiscientos mil
euros con los que no contábamos hasta ahora para políticas
sociales esencialmente”.
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