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Justicia ha anunciado que encomienda el trabajo a los
registradores mercantiles, pero el Colegio Oficial rechaza
este movimiento. Los ciudadanos siguen obligados a registrar
nacimientos, defunciones o matrimonios y los trabajadores
temen que se pierdan más de 2.000 puestos de trabajo al
amortizar plazas.
“Los registradores de la propiedad dijeron que no lo harían
gratuitamente pero los mercantiles han dicho que sí”,
justifica el ministerio, pero el decano de estos
funcionarios lo niega. Los registradores no quieren asumir
la gestión del Registro Civil anunciada por Gallardón.
Nadie quiere hacerse cargo del Registro Civil. Ni el
Gobierno de Mariano Rajoy (PP) ni los registradores de la
propiedad están dispuestos a gestionar este servicio
público. Los trámites son una obligación legal de los
ciudadanos, que deben consignar nacimientos, matrimonios,
defunciones o nuevas nacionalidades. Sólo en 2012 los
registros españoles hicieron 1.307.027 operaciones, de las
que más de 450.000 fueron nacimientos y unas 402.000
defunciones.
Pero no está claro quién será el que gestione toda esta
documentación. El Ministerio de Justicia decidió pasarla a
los registradores de la propiedad, pero la pelota regresó de
estos otra vez al Ministerio de Alberto Ruiz-Gallardón, y
desde allí pasó otra vez al registro, ahora en concreto a
los registradores dedicados a lo mercantil. Y en medio de
este traspaso de patata caliente están los ciudadanos, que
no tienen más remedio que acudir al registro y que, a pesar
de que el ministro lo ha negado, ven en este tema la sombra
del copago.
Y además están los trabajadores de los registros civiles,
que no saben dónde acabarán o si, simplemente, serán
despedidos. Los sindicatos calculan “una gran pérdida de
empleo”. Aseguran que no menos de 5.000 puestos estarán
afectados, de los que “al menos el 50% son funcionarios
interinos cuyas plazas se perderán” al pasar el servicio a
oficinas con personal privado. Eso dejaría, según estos
cálculos, a más de 2.000 personas en la calle.
El Ministerio ha asegurado el trabajo para los funcionarios
de su competencia “fijos o interinos”, pero la gran mayoría
de este cuerpo de los registros depende de las comunidades
autónomas, no del Gobierno central. El ejemplo del Registro
Civil Central de Madrid , “donde la interinidad llega al
60%”. Todos esos puestos pueden amortizarse “más los que
tengan que salir despedidos para acoger a los fijos cuyo
puesto en el registro se esfume”.
Gratis, no
Una ley orgánica aprobada en 2011 sacaba los registros
civiles del ámbito de los jueces y consignaba esta labor a
los secretarios judiciales o “funcionarios de carrera del
Subgrupo A1 que tengan la licenciatura en Derecho o la
titulación universitaria que la sustituya”. Pero el actual
Ministerio de Justicia tomó la decisión de librarse de este
cometido y encomendárselo a los registradores de la
propiedad a finales de 2012. La ley debía activarse en julio
de este año, pero ya está previsto su retraso.
“Los registradores nos dijeron finalmente que no lo harían
gratuitamente”, cuentan ahora fuentes del Ministerio. Así
que se desistió de ese proyecto que para haber cuajado
necesitaba culminarse como una suerte de privatización: que
los usuarios pagaran por los trámites para compensar a los
registradores. Pero no se abandonó la idea de deshacerse del
servicio. Suman unas 120 oficinas en toda España.
Así que un grupo de registradores de la propiedad en el
ámbito mercantil ha decidido que sí asumirá este trabajo sin
recibir nada a cambio, aducen ahora en Justicia. Pero el
Colegio Oficial lo rechaza de plano y dice que “el Registro
Civil es demasiado y su costo, ni el propio Gobierno sabe
cuál es”. Además, se atreven a vaticinar que “el Ejecutivo
pretende que esta carga tremenda la soporten los
registradores o, de manera indirecta, los usuarios del
Registro Mercantil”. Es decir, que barruntan que se suba el
precio a esos trámites.
Trasladada la cuestión al Ministerio de Justicia, un
portavoz ha contestado que “no está previsto subir
aranceles” para los trámites habituales del Registro
Mercantil y no se piensa trasvasar una partida económica
compensatoria. “El volumen de negocio de los mercantiles es
más constante, menos sujeto a vaivenes de crisis económica”,
analizan fuentes del Ministerio para explicar por qué
podrían asumir las labores de Registro Civil sin
compensación. “La inmensa mayoría de los registrados no
quieren esta función”.
Al final del túnel, lo que sospechan los trabajadores del
Registro Civil , es que “los primeros registros serán
gratuitos y lo que se haga electrónicamente también, pero
terminarán por pasar una tasa por otros trámites”. En esa
línea, el colectivo de registradores ve “razonable un
sistema mixto” en el que algunas cosas no se cobren y otras
sí.
Lucha interna de registradores
Lo cierto es que en el colegio hay una tensión interna entre
los que quisieron hacerse con el Registro Civil y los que no
aceptaron gestionarlo “gratis”. Esta división se trasladó a
las últimas elecciones del colegio, en las que se impuso la
mayoría del ‘no’ al registro. Pero los movimientos
subterráneos no se han detenido, a la luz de la reforma
ahora anunciada por el Ejecutivo.
Para completar el poliedro, Justicia estima que “habrá mucho
menos trabajo con la digitalización general”. Hasta un 85%
menos de certificaciones, dicen. “Los nacimientos y
defunciones las harán los médicos y forenses
automáticamente”, ha asegurado un portavoz.
Estas intrigas de carácter casi palaciego podrían parecer
inocuas si no fuera porque en el extremo final está un
servicio público, obligatorio para los ciudadanos, con miles
de trabajadores en el alero y montones de dinero público ya
invertidos en la renovación del Registro Civil.
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