|
El grupo académico de investigación I+D+i IUSMIGRANTI,
integrado por catedráticos y profesores de Derecho
Constitucional, Penal, Internacional, Administrativo y
Ética, ha denunciado este viernes que la única política de
inmigración del Gobierno de España es la “guerra sucia” en
las fronteras de Ceuta y Melilla, con prácticas ilegales,
contrarias al orden constitucional y lesivas de Derechos
Humanos.
Así lo han expresado en la presentación de un informe,
difundido el jueves, sobre las ‘expulsiones en caliente’ la
Catedrática de Derecho penal de la Universidad Complutense
de Madrid, Margarita Martínez Escamilla; el profesor titular
de Derecho Penal en la Universidad Rey Juan Carlos, José
Miguel Sánchez Tomás; el profesor de Ética Social de la
Pontificia de Salamanca, José Luis Segovia Bernabé y la
catedrática de Derecho Penal de la Autónoma de Madrid,
Mercedes Pérez Manzano.
El trabajo, como publicamos en nuestra edición de ayer,
expone la ilegalidad de la devolución sobre la marcha a
Marruecos de los inmigrantes que alcanzan las vallas o
playas de Ceuta y Melilla, una práctica que según los
juristas no tiene ningún amparo legal y de la que se pueden
derivar responsabilidades penales por, entre otros, delitos
de coacción y prevaricación, tanto para la administración
que las ordena y consiente como para los agentes de la
Guardia Civil que las ejecutan.
“La política española de inmigración se resume en la guerra
contra el inmigrante irregular, es decir, contra el pobre.
Es una lucha sin tregua desproporcionada, desigual y en la
que a pesar de la crisis económica, no se escatiman recusos
materiales. En la frontera sur, esta lucha permite hablar de
lucha despiadada y guerra sucia”, ha señalado Martínez.
Según ha explicado, se tacha de “guerra sucia” porque
“vulnera las leyes que el propio Estado ha establecido”, se
violan “los derechos más básicos” del ser humano y
“compromete la dignidad moral de quen lo practica y de toda
la sociedad”.
Como ejemplo, ha puesto el último caso de salto en grupo de
la valla de Melilla, que se saldó con gendarmes marroquíes
apaleando a los migrantes, tal y como probó un vídeo de la
ONG Prodein, “ante la mirada impasible o cómplice de la
Guardia Civil”. También la devolución sobre la marcha a
Marruecos de los 23 supervivientes de la tragedia del
Tarajal que consiguieron alcanzar la costa española.
Para Sánchez Tomás, el Ministerio del Interior en España “no
responde a criterios políticos sino policiales”, así que “da
igual” qué partido lo ocupe. Según afirma, la Policía es el
elemento que permanece y el ministro, “un eventual”, y por
eso se habría limitado tras sucesos como la tragedia de
Ceuta, en la que perecieron 15 personas, a “justificar a
posteriori” la actuación de los agentes, en lugar de poner
fin a determinadas prácticas.
Negar la palabra y la dignidad
En esta línea, Martínez Escamilla ha afirmado que “las
instituciones, en este tema, están mirando hacia otro lado
desde hace mucho tiempo”, contribuyendo a perpetuar la
ilegalidad en el trato a los migrantes en Ceuta y Melilla,
que alcanza su máxima expresión con las devoluciones en
caliente y la batería de normas nacionales e internacionales
que estaría vulnerando según detalle el informe.
Segovia, por su parte, ha planteado que las expulsiones en
caliente “no sólo son groseramente ilegales y
presumiblemente delictivas, sino también ilegítimas e
indignas”, forman parte de lo que llama “la zona oscura” del
Derecho, que es el trato a los migrantes, y suponen que
España avance hacia una degradación de la legalidad “por la
vía de los hechos”, al estilo, según ha dicho, de la
Alemania nazi.
Así, se estaría erosionando el Estado de Derecho en Ceuta y
Melilla, donde con las expulsiones en caliente se están
negando “dos elementos inherentes al ser humano, el pan y la
palabra”, según Segovia. “Es un sistema que niega la
audiencia de parte, algo que ni siquiera se niega en los
totalitarismos o a los condenados a muerte. Se niega la
palabra al inmigrante al negarle el abogado y el intérprete.
Se niegan así la palabra y la dignidad”, ha sentenciado.
Informe jurídico
El informe concluye que “la decisión, ejecución, y
colaboración activa y pasiva con las ‘expulsiones en
caliente’” incurriría en distintos tipos penales, como el
“delito de coacciones (art. 172 CP); los delitos de
funcionarios públicos de privación de asistencia letrada
(art. 537 CP), de privación del ejercicio de otros derechos
cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes (art.
540 CP), o de prevaricación (art. 404 CP)”.
El trabajo analiza la legislación española de extranjería y
sentencia que entregar a los migrantes según llegan sin
siquiera identificarlos es “jurídicamente inadmisible” y no
tiene amparo ni desde el supuesto concepto de operatividad
que esgrime el Ministerio del Interior, ni en aplicación de
la figura legal de ‘rechazo en frontera’ ni bajo el amparo
del convenio de readmisión suscrito entre España y
Marruecos.
De esta responsabilidad penal no quedarían eximidos los
guardias civiles porque, según los juristas, respecto de
estos delitos “no puedan operar las circunstancias
excluyentes de la responsabilidad referidas a la obediencia
debida, ejercicio legítimo del cargo o el desconocimiento de
la ilicitud del hecho”. Además, tienen obligación de
denunciar, impedir y perseguir los delitos de los que sean
testigos, incurriendo en más delitos de hacer lo contrario.
La posibilidad de una reforma que dé marco legal a las
devoluciones en caliente, queda descartada por los expertos.
“No existe la posibilidad” porque “vulneran la Constitución
española, la normativa de la Unión Europea y el derecho
internacional de los derechos humanos, especialmente las
referidas al ejercicio del derecho de asilo y protección
jurídica internacional, la prohibición de expulsiones
colectivas y el principio de no devolución”, dice el
informe.
|
INMIGRACION
