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La Conferencia Episcopal ha distribuido recientemente, con
la prensa diaria, un folleto donde afirma que sus 2.458
centros privados-concertados suponen un ahorro para el
erario público de 3.601 millones de euros. Aseguran también
que atienden a un total de 1.434.524 estudiantes (casi todos
en centros concertados), por lo que vienen a decir que nos
ahorran al menos 2.510 euros por alumno y curso. Esta
afirmación no parece basarse en ningún estudio científico,
sino en su profunda fe en que lo privado es más rentable que
lo público, o en su creencia en los “milagros”. Pues no
podría calificarse más que de milagro la continua
tergiversación de datos a los que nos tiene acostumbrados el
clero, en este y otros tantos temas, cuando hace publicidad
(engañosa) de sus cuentas.
Sin embargo, la investigación realizada por el Área Federal
de Educación de Izquierda Unida, titulada El coste de la
plaza escolar en la pública y en la concertada, desmiente
rotundamente ese mito interesado acerca de que la educación
privada-concertada sea más barata que la pública.
Demostrando en ella que este tipo de informaciones y
titulares sobre el pretendido “ahorro público” que supone la
enseñanza privada-concertada, no son más que una burda
manipulación.
Exclusivamente desde el punto de vista económico, a igualdad
de condiciones, ambos modelos cuestan lo mismo (4.185 euros
por alumno en la pública, frente a 4.184 en la
privada-concertada). Pero, además, si a esto añadimos lo que
supone el gasto de las familias, el coste anual por
estudiante en la enseñanza privada-concertada se situaría en
5.733 euros, mientras que en la educación pública sería de
5.007 euros. El INE constata en efecto que las familias de
la escuela pública tuvieron un gasto de 822 euros por
alumno/a, mientras que para quienes acudieron a un centro
privado concertado el gasto ascendió a 1.549 euros por
escolar.
Cuando el diario La Razón en 2011 afirmaba “estudiar en la
pública cuesta el doble que en la concertada”, daba datos
trucados, imputando a la enseñanza concertada exclusivamente
lo que efectivamente le concierne (gastos de personal y de
funcionamiento), mientras que en la educación pública
incluyen todo tipo de gastos, aunque no tengan correlato
alguno en la enseñanza concertada, además de ocultar el
coste añadido para las familias que supone la enseñanza
privada-concertada.
No se pueden hacer afirmaciones de este tipo si no se hace
un estudio comparado de los distintos capítulos
presupuestarios que afectan tanto a la enseñanza pública
como a la privada concertada, que serían los gastos de
personal y de bienes corrientes y servicios. Hasta el
capítulo de “Transferencias corrientes” se suele añadir a
los gastos de la pública, a pesar de que corresponde
precisamente a la financiación de los conciertos educativos.
Hay en efecto toda una serie de ámbitos educativos que la
enseñanza privada-concertada no atiende y que los
presupuestos de la educación pública tiene que asumir:
Educación a distancia, Educación en el exterior, Enseñanzas
de Régimen especial o Educación compensatoria. Tampoco se
pueden imputar sólo a la educación pública las partidas que
atienden indistintamente a ambas redes de centros, como
Formación y perfeccionamiento del profesorado o
Investigación educativa, entre otras, como se hace
sistemáticamente en los artículos divulgados al respecto.
El estudio realizado utiliza datos del MECD, el INE y el
Consejo Escolar del Estado para calcular la inversión en
aquellos capítulos y partidas que tienen su correlato en la
privada-concertada; e introduce otros factores de
corrección, dadas las diferencias entre ambas redes
educativas en condiciones que resultan decisivas para
comparar el coste por alumno, como son la ratio
profesorado/grupo, la ratio alumnado/grupo y el salario del
profesorado.
Lo que se ha constatado en esta investigación es que si la
privada-concertada tiene menor coste es porque ofrece peores
servicios (desatiende las zonas rurales y selecciona a su
alumnado -el 82% de alumnado inmigrante y de minorías está
escolarizado en centros públicos-) e inferiores condiciones
laborales a sus profesionales, que tienen mayor número de
escolares a su cargo e inferiores sueldos. Veamos por qué.
Las diferentes ratios de alumnos/as por aula y de docentes
por grupo que hay en ambas redes, influyen poderosamente en
el coste medio por plaza escolar. Estas diferencias obedecen
a que la educación pública tiene que asegurar el derecho
universal a la educación en condiciones de igualdad, por lo
que tiene que llegar a todas las zonas geográficas y acoger
a todo tipo de alumnado, lo que no sucede en el caso de la
enseñanza privada concertada que muestra un total desinterés
por ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas
rurales o los municipios de menor población (hasta 10.000
habitantes, el 90% de los centros son públicos), donde el
coste medio por alumno es bastante mayor, según viene
constatando el Consejo Escolar del Estado en sus informes
anuales. Las estadísticas oficiales demuestran que la ratio
de alumnado por grupo se reduce a medida que baja el tamaño
de los municipios y la ratio de profesorado por grupo es
superior a la media. Ambas circunstancias encarecen el
servicio, pero su rentabilidad social es enorme e
irrenunciable: permite ejercer su derecho a la educación a
más de un millón de escolares en condiciones de igualdad.
Respecto al alumnado que la privada concertada (des)atiende,
hay que señalar, por ejemplo, que son más del doble el
número de programas de diversificación curricular en la
educación pública con un reducido número de escolares por
grupo (máximo 15). Igualmente hay que considerar que la
mayor parte del alumnado con necesidades educativas
específicas está en centros públicos. La escolarización de
este alumnado no sólo implica una reducción de la ratio
escolar en los grupos correspondientes, sino que además
requiere añadir profesionales especialistas. Lo cual también
es aplicable, en cierta medida, al porcentaje de alumnado
inmigrante que requiere recursos y apoyos complementarios
para el éxito de su escolarización.
Vale la pena destacar que los dos factores clave que
contribuyen al coste de una plaza (número de docentes por
grupo y de alumnos/as en cada aula) afectan directamente a
la calidad educativa. En este sentido, las diferencias son
palpables, ya que en 2011 los centros públicos tuvieron una
media de 21,2 alumnos y 1,98 profesores por cada clase,
mientras que en los concertados los grupos tuvieron una
media de 23 estudiantes y fueron atendidos por 1,68
profesores. En efecto, si se eleva el número de escolares a
cargo de cada docente, se reduce el tiempo y la atención que
puede dedicar a cada alumno/a, lo que redunda en una
respuesta educativa menos personalizada.
Por último, las condiciones salariales del profesorado –que
suponen más del 60% del gasto educativo–, también repercuten
significativamente en el coste de la plaza escolar, ya que
mientras los docentes de la pública cobran un salario medio
de 36.784 euros, los de la privada-concertada tuvieron un
sueldo de 30.976 euros.
Por lo tanto, a partir de datos oficiales y no de creencias,
con una metodología acorde con la que se utiliza en los
estudios comparativos internacionales, el supuesto “ahorro”
por plaza escolar de la enseñanza concertada está
relacionado con un mayor número de escolares por aula y con
menos docentes por grupo, como consecuencia de su escasa
implicación a la hora de acoger al alumnado que requiere
mayor atención educativa y de su total desinterés por
ubicarse en áreas poco rentables, como son las zonas rurales
o los municipios de menor población.
No es de extrañar, por tanto, que los recortes educativos de
los últimos cursos se hayan dirigido a alterar ambas ratios,
rebajando así la calidad y equidad de la educación pública:
el recorte de docentes en los dos últimos años ha sido de
60.000 profesores, además de congelar o reducir sus
salarios. Estudios recientes revelan al respecto que en los
últimos años (2007-2012) el gasto medio por estudiante en la
enseñanza pública se ha reducido en 648€, mientras que el de
la privada concertada ha aumentado 105€. Y la situación,
alerta el estudio, no tiene visos de igualarse por arriba,
sino por abajo.
Si esta investigación hubiese podido utilizar los datos
oficiales del año 2012 o 2013, todavía no disponibles, muy
probablemente la diferencia entre el coste por alumno/a en
la educación pública y en la concertada habría sido mucho
menor, puesto que en los últimos años se están acomodando
los estándares de la enseñanza pública a los de la privada
concertada, a pesar de que ello conlleve una merma en la
calidad y equidad de la educación.
Además no podemos obviar que si a esto le añadimos el
desembolso económico que tienen que hacer las familias en la
pública y en la privada-concertada, anteriormente comentado,
la plaza escolar de la privada concertada es mucho más cara
que la pública.
Por tanto, la educación pública no sólo es más rentable,
sino que llega a todos los lugares y atiende a todo tipo de
alumnado; además de ofrecer todas las modalidades educativas
y mejores condiciones laborales a sus profesionales, lo cual
redunda en mejor calidad y equidad. En definitiva, la
escuela pública no sólo es la que puede compensar las
desigualdades sociales y propiciar mayor cohesión social,
sino que cumple ese irreemplazable papel sin que ello
suponga mayor coste real para el erario público o para las
familias.
*Maria Jesús Martín, Loles Dolz, Carmen Rodríguez, Enrique
Díez y Luis Castrillo
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OPINIÓN
/
COLABORACION
