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El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles de
España se ha alzado contra la decisión del ministro de
Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de asignarles a los
registradores mercantiles la gestión de los servicios que
presta el Registro Civil. Desde el organismo han
manifestado, a través de un comunicado, su “absoluta
disconformidad” y explican como desde que hace un año ya se
comenzara a hablar de este posible cambio han presentado al
Ministerio distintas propuestas que para ellos sí responden
a las verdaderas demandas de los ciudadanos en cuanto al
eficaz funcionamiento del Registro Civil. “El anuncio del
ministro pone de relieve el desconocimiento de la estructura
del cuerpo de registradores, formado por un cuerpo único de
funcionarios que sirven indistintamente tanto registros de
la propiedad como mercantiles”, señalan en un comunicado.
“Los registradores ni hemos pedido asumir el servicio ni lo
queremos”. Así se pronunciaba en abril de 2013 el
registrador de la propiedad y mercantil en Ceuta, Enrique De
Elera-San Miguel, en una entrevista con EL PUEBLO. Entonces,
ya explicaba cómo el traspaso del Registro Civil al de la
Propiedad afectaría sobre todo en ciudades fronterizas como
Ceuta, donde se da la dificultad añadida de que el
registrador pasaría a ser el responsable de autorizar, por
ejemplo, matrimonios entre un ciudadano español y otro
extranjero, u otorgar una nacionalidad. En la actualidad es
el juez adscrito al Registro Civil el que se encarga de este
cometido y la autoridad judicial tiene la potestad para
investigar si este tipo de matrimonios pueden ser de
conveniencia, pero un registrador no la tiene.
En el plano práctico, asumir las funciones del Registro
Civil supone un cambio radical para los registradores, que
se verían obligados a contratar más personal y a tener
medidas de seguridad. De Elera-San Miguel señalaba que, como
mínimo, tendría que emplear a dos personas del Registro
Civil para no empezar el servicio desde cero; un par de
vigilantes de seguridad, y un traductor de dariya. Además de
contar con un local habilitado para atender a la cantidad de
personas que cada día acuden al Registro Civil.
Justicia asegura la gratuidad
Mientras, para CCOO el anuncio por parte de Ruiz-Gallardón
el pasado martes por la tarde “es una nueva decisión
indecente, que atenta contra los derechos de millones de
españoles”. El ministro ha asegurado que la reforma
garantizará la gratuidad de todos los servicios que hasta
ahora ha gestionado el Registro Civil, pero desde el
sindicato se muestran recelosos. “Los Registros Civiles
fuera del ámbito público, y privatizados, no seguirán siendo
ni gratuitos ni universales, y se destruirán miles de
puestos de trabajo”, aseguran. CCOO acusa al ministro de
haber actuado de forma “desleal” por no haber convocado
nunca una mesa sectorial de negociación para tratar este
asunto “de forma seria y con objetividad”. Por ello, el
sindicato exige al ministro que “con carácter inmediato
acuda a una reunión de la mesa sectorial de la
Administración de Justicia”.
Por su parte, desde el Ministerio señalan que el Ejecutivo
se ha decantado finalmente por los registradores
mercantiles, en lugar de los de la propiedad o los
secretarios judiciales por tres razones: su experiencia en
funciones registrales, su capacidad para hacerse cargo de la
inversión que supone la creación de una plataforma digital y
su conformidad con una de las líneas rojas del Ministerio,
la gratuidad de los trámites para los ciudadanos.
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