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El Gobierno solicitará a Europa que incluya el denominado
“adiestramiento pasivo” o autoadiestramiento entre los
delitos que deben ser perseguidos para luchar contra el
terrorismo. Se trataría de otorgar categoría delincuencial a
la entrada reiterada en foros o webs desde las que se
imparten doctrinas radicales. En realidad, el principal
objetivo de esta iniciativa legislativa es el yihadismo,
según adelantó El Mundo en su edición de ayer.
El Ejecutivo realizará esta petición de penalizar el
autoadiestramiento, cuya ejecución considera “prioritaria”,
según el documento al que ha tenido acceso El Mundo, en el
Consejo Europeo que se inicia hoy pero, mientras tanto,
tiene la voluntad de introducir este delito en el Código
Penal. La modificación legal puede tener un carácter y una
aplicación generales, sin embargo, su objetivo es atajar la
actividad del islamismo radical que ha asumido las redes
sociales como el modo de realizar su particular
proselitismo.
Otras líneas de acción prioritarias son, para el Ejecutivo,
adoptar medidas preventivas contra la radicalización;
emprender “acciones en relación con los combatientes
extranjeros” -es decir, respecto a aquellos islamistas
radicales que combaten en favor de la yihad en conflictos
como el afgano, el sirio y el irakí, y cuyo regreso a los
países de origen constituye un peligro demostrado-; y
“dificultar la financiación del terrorismo desarrollando
sistemas de intercambio de información”.
En cada una de estas medidas subyace la preocupación por la
extensión del islamismo y por las repercusiones que su
evolución pueda representar para Europa y por ello se
solicita, en definitiva, que “se revise y actualice la
estrategia de seguridad de la Unión Europea, atendiendo a la
evolución de las amenazas”.
Naturalmente, tratándose del Ejecutivo español, que está
teniendo que enfrentarse a la crisis permanente de la
frontera sur con la inmigración ilegal, el documento que se
presentará ante el Consejo solicita que se cumplan los
acuerdos a los que se llegó a éste respecto en la reunión
mantenida el pasado 16 de abril en Alicante y en la que se
habló de practicar una “solidaridad entre estados miembros”
y de “adoptar medidas concretas, tanto a corto como a largo
plazo, que premitan una mejor gestión del fenómeno”.
El Gobierno solicitará una dotación de 46 millones de euros
“para los estados miembros que están asumiendo el control de
la frontera exterior con una fuerte presión migratoria”.
Cuarenta y seis millones y nuevas medidas políticas y
legales que permitan abordar con solvencia el fenómeno.
Quedarían incluidos en este punto, entre otros, todos los
gastos de seguridad, de traslado de inmigrantes, de lucha
contra las mafias y de algo fundamental como el
mantenimiento de los Ceti, los centros de acogida de
inmigrantes que en España están situados en Ceuta y Melilla
y que hace mucho tiempo que rebasaron su capacidad.
En las propuestas ante el Consejo Europeo, el Gobierno
propone la reorientación de las políticas de inmigración
ilegal, de modo que «respondan a las necesidades de
crecimiento de la Unión»: necesidades a corto plazo, en el
mercado laboral, y a largo plazo, teniendo en cuenta las
necesidades demográficas.
Y en este punto, se considera que han de tener prioridad los
más preparados: “Hay que avanzar en el futuro hacia el
establecimiento de dispositivos que faciliten la movilidad
intra-UE de aquellas personas que supongan contribución
económica, científica, tecnológica y cultural para la UE,
respetando el sistema Shengen de estancias de corta y larga
duración, así como los principios de seguridad y lucha
contra abusos y fraudes que se puedan producir». «El futuro
en la política de visados apunta a una mayor conexión con la
política comercial y con el crecimiento económico» , se
afirma.
El Gobierno recuerda, en cualquier caso, que «cada vez es
más necesaria la cooperación con terceros países» y que la
gestión de las fronteras terrestres y marítimas debe
reforzarse con una agencia Frontex. Respecto a las políticas
de «retorno y admisión» reclama efectividad, es decir, que
se cumplan y que, cuando no suceda, todas las instituciones
comunitarias utilicen los instrumentos de los que disponen
para lograrlo, «con vinculación, en su caso, a los acuerdos
de facilitación de visados».
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Nuevo Plan para frenar la amenaza
islamista
