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Las organizaciones no gubernamentales conmemoran hoy el Día
Mundial del Refugiado, una jornada para poner en valor la
institución del Asilo, creada tras la persecución de los
judíos en la Segunda Guerra Mundial, como mecanismo para
hacer posible que la Humanidad proteja a los más
vulnerables. En España, la baja tasa de peticiones, la
ausencia de un reglamento que desarrolle la ley y la
situación de los solicitantes en Ceuta y Melilla marcan esta
celebración.
La falta de reglamento es uno de los asuntos más acuciantes,
según las organizaciones especializadas y el propio Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
Aunque la Ley de Asilo entró en vigor en noviembre de 2009 y
dio al Gobierno seis meses para aprobar su desarrollo, ni el
entonces ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, ni
el actual, Jorge Fernández Díaz, han dado cumplimiento a
este mandato.
Han pasado cinco años, y el reglamento es imprescindible
para dar forma a algunos asuntos que la Ley no concretó, por
ejemplo, el modo en que un embajador español debe autorizar
el salvoconducto y traslado de una persona que le solicite
protección internacional. Dado que ya no se puede pedir
asilo en las Embajadas, resulta imperativo regular esta
cuestión para que quienes quieran refugiarse en España
puedan viajar de forma segura hasta el territorio nacional,
donde formalizar la petición.
La falta de éste y otros canales seguros para los refugiados
hacia España y Europa provoca que quienes huyen de la
persecución o la guerra tengan que compartir ruta
clandestina con los inmigrantes económicos, con todo lo que
eso conlleva de miseria, peligro en los países de tránsito,
mafias de tráfico de seres humanos y viajes que pudiendo
durar días, se prolongan meses, e incluso años, para acabar
frente a una playa o una valla con alambre de cuchillas.
Es aquí donde cobra relevancia la situación en Ceuta y
Melilla. Entre quienes intentan saltar las vallas, pasar
escondidos en vehículos o utilizando pasaportes falsos hay
muchas personas, la mitad, según CEAR, procedentes de países
en conflicto. Un ejemplo es el de los sirios, los malienses,
los oriundos de República Centroafricana o los somalíes que
pueblan los Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI)
de las ciudades autónomas.
El primer problema, según las organizaciones humanitarias y
el ACNUR, es que no hay distinción. Cada vez que la Guardia
Civil impide un salto o devuelve sobre la marcha a Marruecos
a quienes han conseguido lograrlo, está cerrando un cauce
para el asilo, porque estas personas no son identificadas,
no se les pregunta a qué han venido, no se llega a saber su
nacionalidad ni se conocen sus circunstancias. Tal vez huyan
de una guerra, de un matrimonio forzoso o de una condena por
homosexualidad. No se sabe. El ACNUR viene pidiendo que una
delegación de la Oficina de Asilo y Refugio (organismo que
estudia las solicitudes y depende del Ministerio del
Interior), aunque sea unipersonal, se instale en las
ciudades autónomas y pueda realizar una suerte de cribado
entre quienes entran en la ciudad autónoma: los refugiados,
al cauce de asilo y los migrantes, al de la ley de
Extranjería.
Esto, tras constatar que en torno al cuarenta por ciento de
los residentes en los CETI son susceptibles de pedir la
protección, pues proceden de países en conflicto o sin
respeto por los Derechos Humanos. No significa que todos
pudieran recibir el estatuto de refugiado, y de hecho, es
pequeño el porcentaje que lo pide en las ciudades autónomas,
porque saben que de hacerlo, se quedarán allí atrapados
esperando una resolución que puede tardar dos años. Así
están los solicitantes de asilo en Ceuta y Melilla que viven
en los CETI. Pidieron la protección, su solicitud fue
admitida a trámite y recibieron como prueba un carné que
reconoce su derecho a residir en España, en toda España.
No a su pase a la Península
En la práctica, el Gobierno no permite que estas personas
pasen a la Península y esgrime para ello que los enclaves en
el Norte de África no son territorio Schengen y, por tanto,
no entran en la libertad de circulación propia del espacio
europeo.
España, en efecto, se comprometió con la UE a controlar a
todos los viajeros que pasen desde allí a la Península para
“verificar” si “siguen cumpliendo las condiciones” por las
que fueron autorizados a entrar en territorio nacional. El
Gobierno se aferra a este compromiso para afirmar que los
solicitantes de asilo no cumplen los requisitos “tanto de
índole documental como material”, de acceso a territorio
europeo.
Sin embargo, una persona que pida asilo en Madrid y su
petición sea admitida a trámite, podrá viajar a cualquier
otro punto de la geografía nacional, e incluso europea, sin
que nadie se lo impida. Su documento, el mismo que obtienen
quienes solicitan la protección en Ceuta y Melilla, es
oficial y perfectamente válido.
Esta “carrera de obstáculos”, en palabras de CEAR, para
conseguir la protección internacional explica en parte por
qué España, siendo como es frontera terrestre con el
continente que hoy tiene más conflictos abiertos, sea uno de
los países de la Unión Europea que menos solicitudes de
asilo recibe: Sólo el 1% de las registradas el año pasado se
presentaron aquí.
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