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El acuerdo del Gobierno de la
Ciudad para destinar 540.000 euros para alimentos de mil
escolares en los comedores de siete colegios durante los
meses de verano, ha sido una acertada decisión para paliar
el déficit que se suscitaba en el ámbito de los más
desfavorecidos. Un segmento en el que el propio Ejecutivo de
la Ciudad destina importantes partidas para atender
situaciones como el alojamiento alternativo con 1,4
millones, las ayudas de 600.000 euros para cubrir
necesidades básicas a través de ONG´s o el último convenio
con Cruz Roja que Sanidad destina para la prevención contra
la droga y el tabaco, a fin de estimular los hábitos
saludables entre los jovenes.
Un caso diametralmente opuesto al de Ceuta, se ha dado en
Galicia, donde no se abrirán los comedores escolares en
verano para no generar excesiva “visibilidad”, por entender
que pueden generar “casos de discriminación y efectos
perversos”. Un hecho que debería dar prioridad, como en el
caso de Ceuta, a que ningún niño en situación de
vulnerabilidad quedara sin alimentos. Hechos que van más
allá de una mera decisión política y que, en el caso de
Ceuta, ha venido de la voluntad política y la sensibilidad
social.
En situaciones de extrema necesidad es donde hay que incidir
con más decisión y agilidad. No caben excusas cuando se
trata de atender verdaderas situaciones extremas. Y la
subsistencia es lo más esencial, por lo que las
instituciones públicas han de contribuir con sus partidas a
remediar situaciones límites. La acción política ha de estar
al servicio de la sociedad y, en este caso, hay que
reconocerle al Ejecutivo local su rápida capacidad de
reacción. Cuando se quiere, se puede y la voluntad política
está para atender el interés general.
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OPINIÓN / EDITORIAL
