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Una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, sin información ni negociación previa, ampara
que en las Administraciones y el sector público se pueda
incumplir la legislación laboral sobre contratación de
personal sin consecuencias, a diferencia de lo que el
ordenamiento jurídico contempla para el resto de
trabajadoras y trabajadores.
CCOO hace un llamamiento a frenar la aprobación de la
enmienda presentada por el Grupo Popular en el Senado que
afecta al empleo de varios miles de trabajadoras y
trabajadores de las Administraciones Públicas, y exige que
se abra un verdadero proceso de debate y negociación sobre
la estabilidad y mejora del empleo público. CCOO advierte
que de consumarse el contenido de la enmienda propondrá al
resto de sindicatos representativos la organización de un
proceso de actuación sindical que evite una precarización
aun mayor del empleo público y sus condiciones laborales.
El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha registrado
una enmienda al Proyecto de Ley de racionalización del
sector público y otras medidas de reforma administrativa por
la que modifica nuevamente el Estatuto Básico del Empleado
Público (EBEP), que pretende cerrar la regulación de los
“indefinidos no fijos”, que son aquellas personas que por
resolución judicial que declara en fraude de ley su
contratación pasan a tener la consideración de indefinidos
en su administración, pero que por no haber superado pruebas
selectivas que acrediten los criterios de acceso al empleo
público (igualdad, mérito, capacidad y publicidad) no pueden
ser considerados personal laboral fijo.
La citada enmienda establece un sistema que, en síntesis,
permite que las Administraciones (y entes del sector público
en general) puedan amortizar las plazas ocupadas por este
personal sin más causa que la propia voluntad de hacerlo y
sin que el fraude cometido por la Administración, en su
calidad de empleadora, tenga consecuencia jurídica alguna,
al quedar equiparado al contrato por obra o servicio en
cuanto a la indemnización. CCOO comparte plenamente que el
acceso al empleo público debe cumplir con los principios
constitucionales, pero eso no puede servir de excusa para
que las Administraciones tengan carta blanca para incumplir
a su antojo la normativa laboral.
Además, crea un espacio de excepción de total impunidad en
el ámbito de las Administraciones y sector público en
general, ya que el incumplimiento de las normas laborales en
materia de contratación no tendrían consecuencia alguna, a
diferencia de lo que el ordenamiento jurídico contempla para
el resto de trabajadoras y trabajadores.
Resulta cuanto menos curioso y contrario a nuestro
ordenamiento jurídico que las Administraciones Públicas, que
son las primeras obligadas a cumplir y hacer cumplir la ley,
se creen para ellas mismas espacios de absoluta impunidad,
mediante una Ley ad causam con la única finalidad de eludir
los pronunciamientos judiciales, tanto del tribunal Supremo
como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Por otro lado, se utiliza el trámite de enmiendas del Senado
para realizar una modificación de gran calado en el empleo
público, haciéndolo de tapadillo y evitando con ello,
además, que la propuesta pase por los trámites obligados
para un Proyecto de Ley (informe de Consejo de Estado) que,
probablemente, no habría superado. La enmienda además se
presenta sin que haya existido ningún proceso de negociación
o consulta con las organizaciones sindicales, desmintiendo
con hechos las declaraciones que ayer mismo realizaba en
Secretario de Estado de Administraciones Públicas en una
conferencia sobre el compromiso del gobierno de negociar con
las organizaciones sindicales todo lo relativo al proceso de
reforma de las Administraciones Públicas especialmente en
aquello que afectara al empleo público.
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comisiones obreras
