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Las sanciones impuestas el año pasado en relación con el
ejercicio del derecho de reunión o manifestación en
aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992
superaron las 1.100 y, en su mayoría acarreraron multas de
entre 300 -la cuantía mínima para infracciones graves- y
6.000 euros según los últimos datos remitidos por el
Gobierno al Congreso.
Andalucía figura a la cabeza en número de sanciones, con
442, y también de recaudación -un total de 28.000 euros con
una media de 20.846- y en segunda posición por cantidad de
multas se sitúa la Comunidad de Madrid, con 389. En el resto
de territorios, el número de sanciones oscila entre las 125
de Castilla-La Mancha (con 6.655 euros recaudados) y las 2
de Aragón (con ingresos por valor de 1.800 euros).
Por contra, no hubo ninguna en todo el año ni en La Rioja ni
en Ceuta, mientras que en Extremadura se incoaron una decena
en Badajoz, pero el Gobierno no detalla si desembocaron o no
en sanción administrativa.
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