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El Consejo de Ministros ha autorizado a la Secretaría de
Estado de Seguridad la contratación del servicio de apoyo a
la seguridad en los centros penitenciarios dependientes del
Ministerio del Interior, tal y como así lo daba a conocer
ayer a este diario la FSP-UGT.
Desde la central sindical se ha resaltado que en el año 2013
se inició un proyecto piloto consistente en la contratación
de servicios de apoyo a la seguridad en los centros
penitenciarios, que se desarrolló en 21 de los 67 centros
penitenciarios existnentes. En total se contrataron 56
puestos de trabajo de veinticuatro horas y un puesto de
trabajo de doce. Para ello se emplearán 254 vigilantes de
seguridad en tareas de vigilancia desde puestos fijos,
operadores de circuitos cerrados de televisión y control de
accesos.
Tras el análisis efectuado de esa experiencia piloto, la
conclusión ha sido la adecuación de ese modelo de seguridad
a las necesidades existentes con el objetivo de optimizar
los recursos disponibles y un uso eficiente de todos los
fondos públicos al establecer un reparto de funciones según
la competencia, preparación y cualidades del personal,
obteniendo un alto grado de seguridad con los medios
disponibles.
Igualmente se pretende destinar el mayor número posible de
los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado a la realización de funciones exclusivas de ellos,
como la custodia de presos y penados fuera de losrecintos en
hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos,
además de compensar la falta de personal de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado debido a la disminución de
la Oferta Pública de Empleo. En este sentido, hay tareas en
la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser
realizadas por vigilantes de seguridad.
Por todo ello, se ha preparado un expediente de contratación
que cubra los 67 centros penitenciarios, entre los que se
encuentra el de Ceuta, y los vigilantes de seguridad pasarán
a ejercer parte de las tareas ahora desempeñadas por la
Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía, si bien
siempre bajo la supervisión y el control de los mismos como
responsables de la seguridad de cada centro.
El coste del contrato, tal y como ha podido saber EL PUEBLO,
asciende a 33.387.743,03 euros, distribuido en las
anualidades 2014 y 2015, por lo que, al se superior de doce
millones de euros, debe contar con la previa autorización
del Consejo de Ministros.
El volumen total del contrato afecta a 67 centros
penitenciarios e implica 202 puestos de trabajo (181 de
veinticuatro horas y 22 de doce horas), lo que supone más de
800 personas empleadas.
El coste del contrato se estructura en tres partidas
destinadas a cubrir diferentes servicios: una, dedicada al
coste anual de los puestos fijos de personal; otra, a los
puestos de prestaciones variables (puestos con jornada de 12
horas y día de prestación variables, bien de lunes a viernes
o bien de lunes a sábado); y bolsa de horas, para abonar
posibles refuerzos que solicite el órgano de contratación.
Asi mismo, el contrato se estrucutra en cuatro lotes,
divididos por zonas geográficas, con lo que se pretende
garantizar la diversidad en la adjudicación del contrato, de
tal manera que cada lote se adjudique a un licitador
diferente.
En este sentido hay que destacar, tal y como así lo ha
resaltado la FSP-UGT en su comunicado, Ceuta, junto con
Melilla, Andalucía y Canaria queda enmarcada en el primer
lote con un coste total de 9.853.429,59 euros, siendo este
el de mayor montante económico ya que el segundo lote, en el
que se encuadran Asturias, Cantabria, Castilla y León,
Galicia y La Rioja es de 8.551.283,55 euros, el tercer lote
con Castilla La Mancha, Extremadura y Madrid es de
7.671.805,51 euros, y el cuarto y último lote con Aragón,
Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia y Navarra con
7.311.224,38 euros.
El contrato conlleva la adopción de especiales cautelas
orientadas a preservar al máximo cualquier información
relacionada con los servicios de seguridad a prestar, así
como con los movimientos de salida y entrada en los
reclusos. Por ello, la tramitación del expediente se hará
mediante procedimiento negociado sin publicidad, dado que
concurren circunstancias excepcionales que exigen la
protección de los intereses esenciales de la seguridad del
Estado (artículos 13.2 y 170 f) del texto refundido de la
Ley de contratos del sector público, declarado por
resolución del Ministerio del Interior el 1 de abril del
presente año.
Finalmente, está previsto que el contrato tenga una duración
de un año, y su ejecución comenzará el 22 de junio del
presente año o a partir de la fecha de la formalización, si
esta fuese posterior.
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