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El desenlace del fin de semana
folklórico de la II Feria de Día ha sido el precio político
de una dimisión forzada con visos de cese que ha tenido que
asumir el viceconsejero de Festejos, Salvador Jaramillo. Una
primera víctima que no debería ser la única porque, si grave
es lo sucedido, peor aun es querer justificarlo con excusas
vergonzosas como hizo ayer Premi Mirchandani, quien debería
salir también por la misma “puerta grande” que la de su
viceconsejero, tras su cúmulo de contradicciones en el día
de ayer.
Cuando un servidor público realiza una comparecencia de la
importancia de la llevada a cabo ayer por Mirchandani, éste
está obligado a llamar a las cosas por su nombre y no
disfrazar los ‘ceses fulminantes’ de ‘dimisiones’ y el
presunto ‘afán de lucro a costa de supuestos sobreprecios’
de ‘mala praxis administrativa’, en un uso frívolo de los
eufemismos, con intenciones dulcificadoras y engañosas hacia
unos ciudadanos a los que definitivamente han tomado por
idiotas. Hay que hablar claro: este escándalo se ha cobrado,
de momento, una cabeza de turco por unas contrataciones
sospechosas que huelen a corrupción pura y dura.
Bien al contrario, en su comparecencia el consejero no
ofreció explicaciones convincentes y solo trató de eludir su
responsabilidad, como si no fuera con él la película,
haciendo referencia a informes técnicos que avalarían su
firma en los citados decretos, los mismos informes que no
han valido para evitar el cese-dimisión de su viceconsejero.
¿Cabe mayor despropósito?
Ese intento de salvar su cabeza a toda costa utilizando los
informes técnicos como salvavidas de su propia
responsabilidad e insinuando que dichos técnicos son los
artífices de la ‘mala praxis administrativa’, es de una
gravedad tal, que Mirchandani está obligado a abrir
expedientes a los funcionarios de forma inmediata. A no ser
que, sencillamente, sea mentira. De lo contrario, no puede
dedir que los técnicos avalan las contrataciones y sus
precios y quedarse tan pancho.
Los que tampoco deberían quedarse tan panchos ni mirar para
otro lado son los funcionarios, a los que Alí ha pedido “no
criminalizar de antemano” y a los que Carracao ha solicitado
“que se rebelen y que le digan que no al Gobierno, que no
traten de contentarles y de solucionar sus desvaríos porque
la respuesta del Ejecutivo al final siempre es echarles la
culpa”. Porque lo verdaderamente peligroso no es un hecho
puntual como es el que ha provocado la dimisión del
viceconsejero de Festejos sino que el poder político acabe
con la independencia del funcionario, diseñando una
administración sumisa a sus intereses y acabando con la
posibilidad de que el funcionario diga “no”, lo que provoca
debilidades en la Administración de la Ciudad Autónoma de
Ceuta, entre las que se encuentran el fraccionamiento de
contratos, las facturas sin consignación, la relativa
transparencia de las empresas públicas y el abuso de la
libre designación. Por ello, en esta ocasión es de resaltar
en positivo la actuación del Interventor, con el que hemos
sido críticos en muchas ocasiones por su falta de criterio
en la fiscalización. Ese es el camino.
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OPINIÓN / EDITORIAL
