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CCOO y UGT han remitido sendas cartas al fiscal general del
Estado y al Consejo General del Poder Judicial, en las que
denuncian el aumento de procedimientos penales contra
trabajadores y cargos sindicales, derivados del ejercicio
del derecho de huelga, y en los que el Ministerio Fiscal
solicita, como regla general, penas privativas de libertad
excesivas y desproporcionadas.
El Ministerio Fiscal está proponiendo condenas que en
algunos casos superan los tres años de prisión, a pesar de
que en general no existen fenómenos de violencia, ni se
menoscaban bienes jurídicos relevantes, según denuncian en
las cartas que firman los secretarios generales de CCOO y
UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, y que han
remitido al fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce,
y al presidente del Consejo General del Poder Judicial,
Carlos Lesmes Serrano.
En el contenido de las cartas, ambos sindicatos señalan que
se está utilizando como agravante de responsabilidad penal
el ejercicio del derecho de huelga, y reclaman que se
preserve el derecho fundamental de libertad sindical y de
huelga, y se aclaren los criterios de intervención de la
Fiscalía a la hora de formular estas acusaciones, ya que el
derecho de huelga es parte esencial de los derechos
fundamentales y libertades públicas que rigen nuestro Estado
social y de derecho.
CCOO y UGT advierten, asimismo, que cuando se trata de la
protección del Derecho al Trabajo contra ataques a las
condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores no
se actúa con el mismo celo desde las instituciones.
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