La fiscalización del Tribunal de Cuentas a 31 de diciembre
de los ejercicios 2010 y 2011 demuestra que “el número de
trabajadores contratados temporalmente por la Ciudad
Autónoma, sin tener en cuenta los Planes de Empleo y
políticas en materia educativa era de 83.” En el mencionado
informe del T.C. se constata que “los contratos temporales,
sin soporte documental en los procesos selectivos donde se
motivan las necesidades de los servicios que justifican la
contratación de personal, son frecuentes”.
El concepto “por obras y servicios”, que configura lo que
Emilio Carreira denominó recientemente “la puerta de atrás”,
ha supuesto una práctica habitual en el Gobierno de Ceuta
que preside Juan Vivas, siendo 68 personas en 2010 y 62 en
2011. Una fórmula aplicada para justificar con posterioridad
que se prorrogan los contratos “por obras y servicios” y
luego, bajo el señuelo de darles legalidad sacar las plazas,
cosa que no se hace “ya que hablando con estos trabajadores
–como manifestó Juan Luis Aróstegui en un Consejo de
Administración-, saben que no realizan las funciones que
establecen sus contratos, que estos contratos están en
fraude de ley, que si fueran a Magistratura de los Social
hasta el mismo bedel se daría cuenta que son indefinidos”,
por lo que indicó que había que legalizar su situación por
ser trabajadores indefinidos.
Y para evitar que los trabajadores denuncien y el juez
“pueda dejarlos en la calle”, Yolanda Bel ha transigido
convertirlos en indefinidos “y así están dentro de la
legalidad”. Con estos artilugios, como forma de actuación,
“la puerta de atrás” ha sido un coladero para trabajadores
privilegiados. Sin atenderse la opinión del asesor jurídico
ni del interventor, los políticos con la anuencia de algún
miembro de la oposición da carta de naturaleza a situaciones
irregulares.
Estas ilegalidades aún se venían produciendo en el pasado
ejercicio pese a que el Tribunal de Cuentas indica que
“estos trabajadores (por obras y servicios) han desempeñado
trabajos estables y han superado los límites temporales
legales previstos en el Estatuto de los Trabajadores, lo que
supone, de hecho una vinculación a la Administración Pública
de forma indefinida sin haber superado ningún proceso
selectivo, estando en esta situación 69 trabajadores”.
Esta forma de actuación supone un incumplimiento del Acuerdo
regulador aplicable al personal de la Ciudad Autónoma
vigente en 2010 y 2011, donde se especifica la imposibilidad
de utilización del sistema de contratación temporal para
cubrir puestos de trabajo estable. Una práctica que ha
continuado en el tiempo, al menos hasta mayo de 2013,
vulnerando de manera arbitraria una normativa del propio
Gobierno de la nación de igual color político que el de
Ceuta. O sea, el Ejecutivo de Juan Vivas va contra lo que
digna el Gobierno de Mariano Rajoy.
Estas malas prácticas han llevado a dos situaciones: una
falta de transparencia en la gestión de la contratación
temporal de personal por parte de la Administración de la
Ciudad y, por otra, los presupuestos aprobados por la
Asamblea de la Ciudad de Ceuta, no han representado la
realidad económico-financiera y presupuestaria de las
plantillas y de los gastos de personal de la Administración
Autonómica.
La consecuencia ha sido que “las dotaciones crediticias
–dice el Tribunal de Cuentas-, destinadas en los
presupuestos al personal temporal no han sido consistentes
con las plantillas del personal que se acompañan a los
mismos, situación que ha conducido a que al inicio de cada
ejercicio las rúbricas presupuestarias previstas para este
personal hayan debido nutrirse de traspasos de crédito desde
las partidas relativas a las retribuciones complementarias
del personal laboral fijo y funcionario. Esta práctica,
unida a que la Administración de la Ciudad no se encontrase
obligada a tramitar expedientes de modificación de crédito
para dichos traspasos de crédito, al haberse establecido en
las bases de ejecución de los presupuestos, que la
vinculación de los créditos presupuestarios es a nivel de
capítulo dentro de la misma unidad orgánica”.
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