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OPINIÓN - JUEVES, 22 DE MAYO DE 2014

 
OPINIÓN / ANÁLISIS

Indicios sólidos de tráfico de influencias y
comportamientos presuntamente delictivos

Por Ramiro T.


Con la documentaciónque dispone este periódico queda meridianamente claro que el Gobierno de Vivas ha venido utilizando el régimen de Colaboración Social y los Planes de Empleo a su alcance para beneficiar a familiares y simpatizantes del propio Ejecutivo y de su formación política: el Partido Popular.

Además ahora, la totalidad de los Planes de Empleo ya han sido asumidos por la Ciudad de Autónoma de Ceuta. Estamos ante una idea que se lleva cocinando desde hace tiempo, y que se ha convertido en realidad. Una de las primeras e inmediatas consecuencias notorias de este hecho, la hemos apreciado en la ausencia de publicidad del listado de candidatos a los casi 250 puestos del Plan de Empleo para jóvenes, que ha gestionado en el presente ejercicio la propia Ciudad de Ceuta.

La publicidad de las listas con los aspirantes a las plazas es un elemento clave para garantizar la transparencia, no ya de cualquier proceso de selección en la administración pública, sino especialmente de este proyecto de acceso a un empleo del colectivo de jóvenes que en Ceuta alcanza una mareante tasa de desempleo y donde estaban depositadas las lógicas y fundadas esperanzas de miles de ceutíes. Hasta la fecha, los listados de candidatos a los Planes de Empleo dependientes de la Delegación del Gobierno venían difundiéndose en los tablones de anuncios del SEPE y en los diarios de información locales, proporcionando a los interesados un mecanismo de control y de defensa de sus intereses, algo propio y razonable cuando de un proceso diáfano se refiere.

Sin embargo, el Gobierno de Vivas opta por la opacidad en el proceso, ocultando los listados y, por tanto, cargando de suspicacia el procedimiento. Con esta actitud, se ha despertado todo tipo de sospechas, que empiezan a confirmarse, sobre el procedimiento, tanto en régimen de Colaboración Social como en Planes de Empleo, de aplicación de los criterios y adjudicaciones de plazas; y por consiguiente, se han levantado todo género de dudas y especulaciones sobre el proceder de los responsables políticos de la materia, esto es, la consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo: Yolanda Bel.

Las retorcidas habilidades de estos responsables políticos para ocultar la realidad responde a un objetivo bien planificado y definido; aunque muy a su pesar, el hecho no está pasando desapercibido entre la ciudadanía, sobre todo de los cientos de jóvenes que confiaban en una plaza para trabajar en estos planes y que, hoy por hoy, cargados de razón, miran con recelo el resultado del proceso de adjudicación. Y es que, las consecuencias de este juego del escondite están todavía por determinar y el asunto puede abrir una nueva caja de los truenos en el Palacio de la Plaza de África.

Pese a que presumiblemente el presidente Vivas y Yolanda Bel puedan pensar que ha triunfado su tesis del ordeno y mando, estoy en condiciones de poder asegurar que esta maniobra no va a caer en saco roto, ya que existen indicios sólidos y pruebas evidentes para afirmar que el Gobierno de Vivas pudiera estar utilizando éste y otros mecanismos de manera partidista y sectaria, abriendo la puerta trasera de la institución a familiares y simpatizantes. Unos allegados que, para su felicidad, a esta hora gozarán de un empleo en la administración gracias a las maniobras de los omnipotentes Vivas y Bel. De confirmarse estos indicios, estaríamos ante un palmario ejemplo de cómo emplear de manera perversa el dinero procedente de las contribuciones de todos los ciudadanos. Causa común disfrazada de beneficio propio.

Todo este ejercicio de oscurantismo político y ejemplo de lo que no debe ser un proceso claro y transparente, se realiza, para mayor aberración política, en un delicado momento de profunda crisis en el empleo de Ceuta, con una escandalosa tasa de desempleo y unos datos abrumadores de necesidades acuciantes en multitud de familias que no disponen de lo básico para subsistir, mientras el Gobierno de Vivas se dedica a una prática basada en el “enchufismo” y el “tráfico de influencia”, ante la que la Justicia debería actuar con firmeza.
 

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