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La coalición Caballas acaba de
hacer público un nuevo episodio de pagos indebidos de la
Ciudad Autónoma de Ceuta, a través de Procesa, por más de
15.000 euros a una empresa privada que, como asesoría
laboral, se ha encargado de la contabilidad de Acuicultura,
empresa sin actividad, pendiente de disolución y
liquidación. Un nuevo caso que unir a los ya existentes -y
conocidos-, de la renovación de camiones en Urbaser, o más
recientemente el consumo eléctrico de la Planta de
Transferencias de Residuos por 350.000 euros, como si esta
dinámica no tuviera fin a la hora de gestionar el dinero
público.
Las labores de contabilidad encomendadas desde el año 2004 a
una asesoría laboral y una sociedad mercantil, ambas
privadas y cuyo contrato de encomienda, según Caballas, no
se encuentra bajo el control de la Ciudad, supone una forma
negligente de proceder, aunque luego, en declaraciones
grandilocuentes, el presidente de la Ciudad quiera
revestirlas de campaña orquestada en su contra, sin asumir
ningún tipo de responsabilidad por estas actuaciones.
El ciudadano, que no sale de sus perplejidad ante tanto
desorden y descontrol, se pregunta hasta cuándo continuarán
estas situaciones. Se diría que es tal la tolerancia y
desdén con el que se tratan estas conductas, en la seguridad
de que nunca pasará nada, que se prodigan y extienden con
tanta normalidad como abuso. Algo increíble y escandaloso.
A la vista de estas situaciones resulta una obviedad
contemplar este panorama. Los organos de control no
funcionan y quien o quienes habrían de preocuparse por su
eficacia, parecen mostrar indiferencia. Una forma de
gestionar desconsiderada. Responsabilidades políticas: nunca
jamás.
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OPINIÓN / EDITORIAL
