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El delegado del Gobierno, Francisco Antonio González Pérez,
contestó ayer a los sindicatos que esta misma semana habían
solicitado que el ministerio de Hacienda retirase la
normativa de los 183 días de residencia en Ceuta para poder
acogerse a los beneficios fiscales que la ciudad ofrece a
los funcionarios que son destinados a la misma, medida,
además, que fue promovida por la Delegación del Gobierno.
La Agencia Tributaria lo que hace es cumplir con su
obligación, señaló el delegado, quien entiende que es lo que
está establecido por ley y “si piden que eso desaparezca
como tal” lo primero que tendrán que pensar es que la “que
sale dañada es Ceuta”.
Con esta afirmación, González Pérez deja entrever, es obvio,
que la normativa lleva aparejada una serie de estímulos de
cara al consumo y, por ende, al comercio de la ciudad, ya
que si los funcionarios destinados en Ceuta, que están
primados y que se benefician con unas bonificaciones
fiscales, sólo permanecieran en la ciudad los días en los
que tienen que prestar sus servicios, la incidencia en el
consumo por parte de estas personas sería muy inferior del
que lo es ante el hecho de tener que permanecer en la ciudad
el periodo citado y obligado por la legislación vigente.
El delegado pasó a detallar como son las condiciones en la
que los funcionarios gozan cuando vienen destinados a la
ciudad, argumentando que con independencia de obtener un
plus de residencia, también obtienen otra serie de ventajas
fiscales, como es la bonificación del cincuenta por ciento
del Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas.
En este sentido, matizó que los beneficios descritos es por
la estancia en Ceuta, que no “lo de la residencia en el
sueldo, que es distinto, ya que va destinado al puesto
específico al puesto al que viene”.
Los sindicatos que han realizado la solicitud de la norma de
estancia mínima de 183 en la ciudad para acogerse a los
beneficios descritos, “están totalmente confundidos”.
Esas personas que quieren recibir un beneficio es por
residir en Ceuta y no por estar viviendo en otro sitio,
aclaró el delegado del Gobierno.
Francisco Antonio González se mostró sorprendido por el
número tan elevado de funcionarios que están afectados por
las inspecciones que la Agencia Tributaria está haciendo
para comprobar y obligar a que se cumpla lo establecido en
la normativa, algo, que según precisó, de lo que no tenía
noticias, declarando que desconocía “que fuesen tantos los
funcionarios; son los sindicatos lo que están poniendo
encima de la mesa un cifra, al parecer, espectacular”, sobre
todo cuando están haciendo una petición de estas
características”.
El aviso enviado de manera subliminal por el delegado del
Gobierno hacia este colectivo es bastante claro, animando a
los funcionarios de la Agencia Tributaria para que continúen
con sus labores en pos de la comprobación del cumplimiento
de lo establecido. Esto se comprende perfectamente cuando el
delegado dijo que “me imagino que la Agencia Tributaria
ejercerá la atribución que tiene encomendada por la Ley y
seguirá haciendo su trabajo”, que es el de que aquellas
personas que puedan disfrutar de esas bonificaciones
fiscales, “las sigan teniendo y aquellas que,
voluntariamente, decidan no permanecer los ciento ochenta y
tres días de estancia en Ceuta, pues no podrán contar con
esa bonificación fiscal, según establece la Ley”.
En este sentido, destacar que las inspecciones llevadas a
cabo por la Agencia Tributaria han provocado que sean muchos
los funcionarios que se hayan visto sorprendidos al
comprobar como no se les reconocen los beneficios por este
organismo y, por ende, en sus declaraciones del Impuesto
sobre la Renta no han podido aplicar ese coeficiente de
reducción del cincuenta por ciento que les corresponderían
en el supuesto de haber podido demostrar que han permanecido
el periodo de días establecidos en la legislación vigente
viviendo en la ciudad de Ceuta.
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“Cuando se deja de ingresar el IPSI, los servicios que
ofrece la Ciudad se ven afectados”
Aprovechando los actos de
celebración del 170 aniversario de la Guardia Civil, el
delegado del Gobierno aprovechó la presencia de los
periodistas para pronunciarse sobre el Plan de Lucha contra
del Fraude del IPSI en la importación puesto en marcha por
la Ciudad, declarando que este es un asunto “que desde el
minuto uno de mi toma de posesión fue un asunto que me tomé
muy en serio, porque entiendo que lo primero que se ha de
hacer es cumplir con las normas establecidas. Lo que se no
puede es exigir a una ciudad que se dote de servicios cuando
hay personas que lo que hacen es evitar pagar por la
importanción que hace y que encima ese dinero sea detraido
de todos los ciudadanos.
Al respecto, González dejó claro que cuando la ciudad deja
de ingresar el IPSI, los servicios se ven afectados y aunque
el Estado lo va a compesar, no es menos cierto que cuanto
mayor recaudación haya, más servicios podrá ofrecer la
ciudad, “pero servicio de todo tipo, no sólo de
ornamentación”.
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DECLARACIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO
