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La situación que vivieron ayer los
miembros de una familia “okupa” en la zona del Morro es una
consecuencia más del estado de necesidad de algunas
familias, que se ven abocadas a no poder vivir en unas
mínimas condiciones de vida con la dignidad que se requiere.
Ocupar una vivienda no es un capricho sino la consecuencia
del fracaso en las políticas de viviendas sociales para los
más desfavorecidos.
El mandato constitucional del derecho a una vivienda digna
se incumple sistemáticamente con determinados colectivos que
precisan ayudas y solidaridad para vivir. El caso de ayer,
es una familia que ha solicitado vivienda, que ya fue
realojada en la pensión a la que regresaron tras el desalojo
y que precisa una casa en la que los seis miembros de la
unidad familiar puedan tener un techo. La situación de
quienes van de un lado para otro como una pelota es la mayor
incongruencia que puede darse en una sociedad ingrata e
injusta.
Se piensan en grandes inversiones y los hay que no tienen lo
más esencial como es una vivienda, se hablan en mítines
políticos de macroeconomía y los hay sin poder cubrir las
mínimas necesidades vitales. En este mundo de proyectos
ambiciosos en millones de euros, hay que echar la vista
atrás y pensar en quienes suplican la comprensión social e
institucional. Las situaciones de “okupas” son tan
desagradables como impropias en una sociedad en la que no
hay un reparto equitativo de la riqueza. La justicia social
brilla por su ausencia y los dirigentes políticos están más
preocupados por su mundo, el de las elecciones, el del
poder, el de manejar los hilos de su situación privilegiada
del momento, más que de las verdaderas necesidades de
ciudadanos con cara, ojos y hambre. Un drama humano muy
doloroso.
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OPINIÓN / EDITORIAL
