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El portavoz del Gobierno fue ayer muy claro a la hora de
responder sobre la denuncia realizada en el último pleno
celebrado por la Asamblea por el integrante de Coalición
Caballas relativo a “los pagos de los recibos de luz de la
planta de transferencia de basuras por parte de la Ciudad”.
La respuesta fue contundente y aclaradora “el señor
Aróstegui tenía razón”. Con lo asegurado ayer por Carreira
se confirmó que ciertamente ha sido la Ciudad la que ha
venido abonando los importes de los recibos de suministro de
energía eléctrica de la mencionada planta, cuando,
ateniéndose al contrato suscrito con la empresa Urbaser, era
a ésta a la que le correspondía realizar el desembolso
pecuniario de las mencionadas facturas, cuestión que a
simple vista no se comprende como puede suceder en una
administración, pero que en el caso de la Ceuta, según
manifestó Emilio Carreira, el error, después de la denuncia
de Aróstegui y al tiempo, fue detectado de “oficio” por la
jefa del Servicio de Patrimonio, que con “muy bien criterio
y en su labor de control del patrimonio de la Ciudad y de
los contratos afectos detectó” el fallo.
La planta es propiedad de la Ciudad, al “igual que lo es la
desaladora”, dijo Carreira, que agregó que la funcionaria,
“en su labor rutinaria” se apercibió de que mientras que la
explotación del servicio corre a cargo de la empresa Urbaser,
“el contrato de suministro de energía eléctrica estaba a
nombre de la Ciudad como titular del mismo”, por lo que el
cargo por el suministro venía a nombre de la Ciudad y, por
lo tanto, era a la misma a la que le correspondía hacer
frente a los pagos, saliendo los importes de los fondos de
las arcas de la Ciudad Autónoma.
Gracias al chequeo realizado por esta funcionaria, ahora la
Administración de Ceuta tendrá la posibilidad de calcular el
importe de las cantidades sufragadas y poder detraerlas de
las certificaciones que la mencionada concesionaria presente
a la institución, ya que, según ha explicado, ha quedado
claro que la obligación del pago corresponde a la empresa
contratista y no a los fondos públicos de la Ciudad.
Carreira se reiteró en lo que respecta a que es la empresa
que explota la planta de transferencia, “como es lo lógico y
lo normal y, además, porque así se establece en contrato”.
Encargo a los técnicos
Ante la afirmación, la pregunta que se antojaba y que le fue
formulada al portavoz del Gobierno era la relativa a conocer
por cuánto tiempo se ha prolongado esta situación.
Al respecto, el también consejero de Hacienda dijo que para
ello se le ha encargado a la directora general el trabajo de
averiguar durante que espacio de tiempo se ha venido
sucediendo esta anomalía y, además, la cantidad que habrá
que detraer a la empresa, aunque el asunto no le preocupa
mucho a Carreira, que en este sentido dijo que “el contrato
termina en 2016 y que, por lo tanto, tenemos tiempo
suficiente”.
Pese a no poder facilitar una cifra, el portavoz del
Gobierno dejó claro que “con dos certificaciones va a ser
suficiente para detraer” los importes abonados por la Ciudad
en concepto de consumo energético.
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´caso urbaser´
