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El Pleno celebrado ayer comenzó con polémica al aprobarse
con los votos a favor del Partido Popular, en contra del
grupo socialista y la abstención de Caballas, “desestimar la
acción de nulidad interpuesta por la Unión General de
Trabajadores (UGT) contra la Base número 39 de los
Presupuestos de la Ciudad de Ceuta de 2014”, que establecía
que por la concurrencia efectiva a las reuniones que
celebren los Consejos de Administración de las sociedades
mercantiles pertenecientes a la Ciudad Autónoma, los
funcionarios públicos que desempeñen las funciones de
Secretaría e Intervención percibirán, en concepto de
indemnización una cantidad económica por la asistencia a
cada uno de ellos que en su cómputo anual no podrá superar
los 7.000 euros brutos.
El portavoz del Gobierno, Emilio Carreira defendió que esos
emolumentos se encuentran en la base de ejecución de los
presupuestos, pero la oposición lo considera un modelo
equiparable al utilizado por el Grupo Independiente Liberal
(GIL), cuando primaba, igualmente, la asistencia a los
Consejos de Administración con sobresueldos.
En estos casos, los altos funcionarios, con unos emolumentos
elevados, se ven beneficiados por cantidades dispares en
cada entidad en la que prestan su asesoramiento y ello,
llevó a Juan Luis Aróstegui de calificar como “oscurantista”
esta práctica que no pasa ni por Mesa Negociadora ni se les
aplica bajo el concepto de “complementos” en el sueldo.
Emilio Carreira se apoyó en el dictamen del Consejo de
Estado publicado por El Pueblo hace algunas semanas, el cual
no veía ilegal la medida, y del Tribunal de Cuentas, aunque
en este último caso, José Antonio Carracao, replicó que los
continuos informes del Tribunal de Cuentas no dicen lo mismo
cuando recriminan estas prácticas a la Ciudad, poniendo en
duda su legalidad.
Juan Luis Aróstegui planteó que se entremezclaban tres
cuestiones: legalidad, política retributiva y desarrollo del
ejercicio de la actividad parlamentaria. Por ello, dijo que
“nuestra política retributiva debe ser clara, transparente y
pactada en Mesa Negociadora para todos los funcionarios con
el fin de evitar la confusión a cuenta de decisiones tomadas
por órganos distintos”.
Acusó al gobierno de adoptar decisiones políticas sin saber
a qué obedecen y afirmó que se trataban de “retribuciones,
no salario, que se pagan por decisiones adoptadas por el
Gobierno sin criterio ni transparencia, algo que no es bueno
y que tiene un origen bastante poco acertado”, añadiendo que
“repetir y repetir algo que está mal no logra que se
convierta en algo bueno: este es un modelo equivocado aunque
haya informes solventes sobre la legalidad, alrededor de la
cual no tenemos dudas”. No obstante dejó bien claro el
diputado de Caballas que “estamos en contra de esos cobros,
porque no son prácticas correctas”, ya que entre las
funciones de la secretaria general y el interventor “está la
de asesorar”.
“La ciudad de los parados”
José Antonio Carracao, portavoz del PSOE, inició su
intervención con ironía. “No sé si el Gobierno lo hace todo
mal y confunde; lo que sí sé es que lo hace con persistencia
y soberbia, que es peor. Hay que ir al hecho: por qué se
pide la nulidad. El Gobierno trae hoy a Pleno una propuesta
que ratifica seguir pagando complementos al salario de altos
funcionarios por algo que entendemos ya está en su sueldo”,
ya que su asesoramiento se produce durante un tiempo en el
que abandona sus funciones diarias.”Aquí la cuestión está
sobre la posición del gobierno: si los altos funcionarios
han de cobrar hasta 7.000 euros por algo que está en sus
funciones. No parece lógico que en la ciudad de los
desempleados vengamos a debatir mantener un cobro para
funcionarios que ya tienen en su sueldo. El Gobierno solo
trae esta propuesta para que, quien ya cobra un complemento
que lo siga cobrando”.
Aróstegui subrayó además que hay sociedades que pagan a los
funcionarios para que asesoren y a la vez contratan
despachos de abogados, como es el caso de Radio Televisión
Ceuta, es decir: dietas al asesor y un contrato con un
despacho de abogados para apoyo jurídico externo adicional”.
Insistió Aróstegui que son retribuciones sin estar en Mesa
Negociadora y adoptadas en sus cuantías por órganos de
manera distinta. “Con el GIL -dijo- los mismos concejales se
aplicaron unas dietas y éste es un modelo equivocado”.
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Aróstegui: “¿Se puede declarar la no nulidad de una cosa
inexistente?
Caballas consideraba un sinsentido
la redacción literal de la propuesta, que hacía referencia a
la Base número 39 de los Presupuestos de la Ciudad de Ceuta
de 2014, cuando dicho punto ya fue suprimido por Acuerdo
Plenario de marzo. “Se nos dice que no es nula una cosa que
no existe, esto va en contra del sentido común y adolece de
garantía jurídica. Viene a Pleno un expediente
deficiente”.Intervino la secretaria general, María Dolores
Pastillas, a instancias del Presidente de la Asamblea para
asesorar sobre los requisitos formales y señaló que el
procedimiento se había tramitado correctamente “desde el
inicio al final”. “El dictámen del Consejo de Estado es
vinculante –dijo-, y en este caso no se requiere informe de
la secretaria general ni del interventor. El procedimiento
es correcto”. Entonces Aróstegui recordó que en marzo “este
Pleno decide eliminar la base de ejecución número 39. ¿Se
puede declarar la no nulidad de una cosa inexistente? La
figura que corresponde es sobreseimiento por causa
sobrevenida”, matizó el diputado de Caballas. Carreira
defendió el procedimiento seguido con el expediente y
replicó a replicar a Aróstegui para decirle que “confusión
ninguna. Esta base de ejecución ha tenido plena vigencia. Su
discurso, señor Aróstegui, sí es el de la confusión”.
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Pleno / Pagos por las funciones de
Secretaría e Intervención
