Hay razones para levantar el tono,
acentuando el timbre de las palabras, y mucho más en el
ámbito de una Europa basada en la sensatez, lo que
representa para los centros de enseñanza superior una fuente
de oportunidades, pero también de considerables desafíos.
Precisamente, la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas (CRUE), lo viene haciendo desde el
inicio de la crisis, cuestión insistida en estos últimos
años. Por tanto, me parece un acto de justicia proclamar en
viva voz la finalización de las medidas excepcionales que
afectan al estudio, a la actividad docente y a la
investigación, en suma a la libertad de pensamiento y a la
igualdad de acceso. Si en verdad queremos avanzar y abrirnos
a la amplitud de la razón, y no a la negación de su
grandeza, tenemos que avivar la actividad docente y ser más
sensibles con los jóvenes que no tienen medios económicos
para formarse. Desde luego, no se pueden endurecer los
requisitos académicos, los derechos laborales y las
expectativas profesionales de una juventud afanada en el
conocimiento, algo que, por otra parte, es propio del ser
humano.
Fuertes razones, hacen fuertes acciones. Por consiguiente,
bravo por los Rectores de las Universidades Españolas por
reivindicar otra manera de hacer las cosas, por pedir que
los recortes en formación no los sufran quienes más
necesitan de las ayudas, por hacerlo claro y profundo. Sin
duda, el incremento de los precios públicos de los grados,
el de los másteres, afecta a las posibilidades formativas de
nuestros universitarios, en un momento especialmente
negativo para el empleo, que está ocasionando verdaderas
penurias en las familias. Me parece que ningún gobierno, que
se precie de democrático y social, puede truncar las
esperanzas de la juventud, el derecho a ser dinámicos y a
poder explorar el maravilloso mundo de la ciencia y el arte,
de la sabiduría en definitiva. No tiene sentido producir
tantos licenciados científicos y técnicos y luego no
prestarles atención alguna.
Los rectores piden que, ante las afirmaciones de una
perspectiva de mejoría económica en España, se supriman
dichas medidas excepcionales, y dentro de una gestión
eficiente y austera, retornen a las Universidades el sentido
de las becas y ayudas como garantes de la equidad, volviendo
la autonomía de gestión de la actividad docente e
investigadora a fluir en un marco de criterios
presupuestarios dignos. Téngase en cuenta, que no hay mejor
inversión para un país que la formación de sus jóvenes. Para
ello, merece la pena consensuar posturas, modernizar
estructuras y funcionamiento, recuperar la normalidad de la
vida académica, docente e investigadora. Las limitaciones
normativas han provocado que las plantillas de profesores,
investigadores y personal de administración y servicios,
trabajen en precario, lo que, indudablemente, dificulta la
función universitaria, docente, investigadora y de gestión.
Considero, pues, esencial que el gobierno español priorice y
estabilice los temas educativos. Centros universitarios o de
investigación no pueden ser víctima de políticas absurdas y
necias. Es cuestión de ética racional. El país difícilmente
puede salir adelante si no rescata con urgencia la enseñanza
superior y el sistema I+D+i. La prosperidad del sistema de
ciencia y tecnología depende de los jóvenes investigadores
que, por desgracia, muchos se han tenido que ir a otros
países en busca de un mayor reconocimiento. Como ya en su
momento denunció la Conferencia de Rectores de las
Universidades Españolas, lamentamos y reprobamos la
descoordinación total entre gobiernos y otras instituciones
autonómicas y locales, que lo único que han generado es
desolación entre personas entusiasmadas. Con estos fatídicos
recortes presupuestarios, mientras siguen en abundancia los
casos de corrupción y los derroches, una vez más, perdemos
el tren de la modernidad y el futuro bienestar basado en la
innovación y en el avance del conocimiento, se queda como el
cuento de la lechera, en decadencia y miseria. Así no se
puede llevar a buen puerto un país, llámese España o Mundo.
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