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OPINIÓN - MARTES, 29 DE ABRIL DE 2014

 
OPINIÓN / ANALISIS

Vivas confunde el deber de informar
con “campañas orquestadas”

Por Ramiro T.


Las manías persecutorias de Juan Vivas le llevan a tal desvarío que atribuye a campañas orquestadas en su contra las cuestiones judiciales que luego han tenido su recorrido en un proceso que, parece olvidar, se inicia como consecuencia de un informe de un funcionario al que no dudó en alabar el propio Juan Vivas, diciendo que había realizado un trabajo escrupulosamente brillante y ejemplar. Y en ese informe, se decía que había 12,5 millones de euros de desviación en el denominado “caso Urbaser”. Repito, el propio Juan Vivas calificó el informe de brillante.

Ante esta situación el PSOE, en un ejercicio de responsabilidad política dió una rueda de prensa y puso el asunto en manos de la Fiscalía. Y fue el Ministerio Fiscal quién apreció indicios de un presunto ilícito penal, a tenor de dicho informe y de lo que se pudiera derivar del mismo, por lo que dió traslado al Juzgado, entrando el asunto en reparto y correspondiendo al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, que ordenó la investigación, a través de la Policía Judicial, de la documentación, que posteriormente, contó con otros informes, igualmente encargados por el Gobierno sobre el mismo asunto.

No puede aducir Juan Vivas que se “montó” una campaña en su contra, porque el Fiscal no forma parte de la plantilla de EL PUEBLO, al menos todavía que yo sepa, ni creo que tenga ningún interés en mortificar al presidente de la Ciudad. Si somos respetuosos con las decisiones judiciales, seámoslo siempre, señor Vivas, hasta cuando no benefician las decisiones judiciales, como fue el caso de procedimiento emprendido a instancias de la Fiscalía.

La actuación del PSOE como grupo de la oposición, no es tampoco censurable, ya que en el uso de su actuación pública de carácter fiscalizador de la acción de gobierno, estaba en su derecho de proceder para el esclarecimiento de los hechos. No cabe, por tanto, atribuir al secretario general del PSOE ceutí ninguna pretensión maledicente contra Juan Vivas más allá de una conducta política al uso. Sin embargo, a Carracao se se le insultó con calificativos que, a tenor del silencio que mantuvo Juan Vivas, posiblemente él mismo compartía pese a su talante de hombre sosegado y de concordia con el que nos “obsequia” cuando quiere hacerse el simpático, ejerciendo una falsa humildad y modestia que no se corresponde con su verdadera cara que muestra cuando se permite el lujo de afirmar, con la ligereza de quien se cree por encima del bien y del mal, que se había orquestado una campaña contra su persona en el “caso Urbaser” informe de un funcionario este periódico y José Antonio Carracao.

Pero es más, fue el propio Gobierno de la Ciudad el que reconoció que hubo desfases y errores, en los informes posteriores al inicial emitido por el técnico contable. La Ciudad va a reclamar a Urbaser 5 millones de euros por el citado desfase en la amortización de la maquinaria, una cantidad que demuestra fehacientemente que hubo irregularidades.

Lo cierto es que Juan Vivas hubiera preferido para sus intereses, otro desarrollo de los acontecimientos que se sucedieron en su día y de los que informamos puntualmente, hasta que se inició la investigación policial por mandato de la jueza y fuímos escrupulosos en dejar evolucionar la acción de la Justicia, pese a contar con documentación suficiente como para continuar exponiendo diversas cuestiones que aún están silenciadas.

Aceptando que Juan Vivas se vea muy contrariado por el desarrollo de los acontecimientos, no es entendible que, en un servidor público de su rango, se permita la frivolidad de simplificar esta cuestión con acusaciones tan frívolas como un contubernio entre el PSOE y EL PUEBLO, en su ensoñadora forma de entender el derecho a informar y la libertad de expresión.

No se entiende tanta obsesión por este medio y tan poca capacidad de tolerancia con las críticas adversas. Se diría que los adalides de la democracia a veces se convierten en monstruos irreconocibles de sí mismos, tomando como excusa la defensa de unos valores que pisotean para preservarlos, como en este caso, el derecho constitucional a informar y a la libre expresión.

Juan Vivas confunde “campañas orquestadas” con el derecho y el deber de informar. Y se equivoca.
 

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