Las manías persecutorias de Juan Vivas le llevan a tal
desvarío que atribuye a campañas orquestadas en su contra
las cuestiones judiciales que luego han tenido su recorrido
en un proceso que, parece olvidar, se inicia como
consecuencia de un informe de un funcionario al que no dudó
en alabar el propio Juan Vivas, diciendo que había realizado
un trabajo escrupulosamente brillante y ejemplar. Y en ese
informe, se decía que había 12,5 millones de euros de
desviación en el denominado “caso Urbaser”. Repito, el
propio Juan Vivas calificó el informe de brillante.
Ante esta situación el PSOE, en un ejercicio de
responsabilidad política dió una rueda de prensa y puso el
asunto en manos de la Fiscalía. Y fue el Ministerio Fiscal
quién apreció indicios de un presunto ilícito penal, a tenor
de dicho informe y de lo que se pudiera derivar del mismo,
por lo que dió traslado al Juzgado, entrando el asunto en
reparto y correspondiendo al Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción número 5, que ordenó la investigación, a través
de la Policía Judicial, de la documentación, que
posteriormente, contó con otros informes, igualmente
encargados por el Gobierno sobre el mismo asunto.
No puede aducir Juan Vivas que se “montó” una campaña en su
contra, porque el Fiscal no forma parte de la plantilla de
EL PUEBLO, al menos todavía que yo sepa, ni creo que tenga
ningún interés en mortificar al presidente de la Ciudad. Si
somos respetuosos con las decisiones judiciales, seámoslo
siempre, señor Vivas, hasta cuando no benefician las
decisiones judiciales, como fue el caso de procedimiento
emprendido a instancias de la Fiscalía.
La actuación del PSOE como grupo de la oposición, no es
tampoco censurable, ya que en el uso de su actuación pública
de carácter fiscalizador de la acción de gobierno, estaba en
su derecho de proceder para el esclarecimiento de los
hechos. No cabe, por tanto, atribuir al secretario general
del PSOE ceutí ninguna pretensión maledicente contra Juan
Vivas más allá de una conducta política al uso. Sin embargo,
a Carracao se se le insultó con calificativos que, a tenor
del silencio que mantuvo Juan Vivas, posiblemente él mismo
compartía pese a su talante de hombre sosegado y de
concordia con el que nos “obsequia” cuando quiere hacerse el
simpático, ejerciendo una falsa humildad y modestia que no
se corresponde con su verdadera cara que muestra cuando se
permite el lujo de afirmar, con la ligereza de quien se cree
por encima del bien y del mal, que se había orquestado una
campaña contra su persona en el “caso Urbaser” informe de un
funcionario este periódico y José Antonio Carracao.
Pero es más, fue el propio Gobierno de la Ciudad el que
reconoció que hubo desfases y errores, en los informes
posteriores al inicial emitido por el técnico contable. La
Ciudad va a reclamar a Urbaser 5 millones de euros por el
citado desfase en la amortización de la maquinaria, una
cantidad que demuestra fehacientemente que hubo
irregularidades.
Lo cierto es que Juan Vivas hubiera preferido para sus
intereses, otro desarrollo de los acontecimientos que se
sucedieron en su día y de los que informamos puntualmente,
hasta que se inició la investigación policial por mandato de
la jueza y fuímos escrupulosos en dejar evolucionar la
acción de la Justicia, pese a contar con documentación
suficiente como para continuar exponiendo diversas
cuestiones que aún están silenciadas.
Aceptando que Juan Vivas se vea muy contrariado por el
desarrollo de los acontecimientos, no es entendible que, en
un servidor público de su rango, se permita la frivolidad de
simplificar esta cuestión con acusaciones tan frívolas como
un contubernio entre el PSOE y EL PUEBLO, en su ensoñadora
forma de entender el derecho a informar y la libertad de
expresión.
No se entiende tanta obsesión por este medio y tan poca
capacidad de tolerancia con las críticas adversas. Se diría
que los adalides de la democracia a veces se convierten en
monstruos irreconocibles de sí mismos, tomando como excusa
la defensa de unos valores que pisotean para preservarlos,
como en este caso, el derecho constitucional a informar y a
la libre expresión.
Juan Vivas confunde “campañas orquestadas” con el derecho y
el deber de informar. Y se equivoca.
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