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Hace un año, concretamente el 20
de abril, estaba en plena ebullición el llamado ‘caso
Urbaser’. Debido a que el Ministerio Público había dicho: En
el presente caso existen indicios suficientes para
considerar que estamos en presencia de un delito. Y la
Fiscalía decidió, por tanto, trasladar al juez la denuncia
para que ‘instrumentalicen’ este órgano” (sic).
La denuncia había sido hecha por José Antonio Carracao,
secretario general de los socialistas ceutíes, tras recibir
información de un técnico contable. Un funcionario conocedor
del asunto de arriba abajo y de izquierda a derecha. Y al
que principiaron a perseguir con saña desde que ‘El Pueblo
de Ceuta’ decidió que su deber era publicar lo que estaba
ocurriendo. Y así lo hizo sin pararse en barras.
Mientras que este periódico cumplía con su obligación de
poner al tanto a los ciudadanos de un caso que olía a
chamusquina los medios afines a nuestro alcalde se hacían
los longuis. Y el silencio de Caballas, hasta que se
pronunció la Fiscalía, evidenciaba que Aróstegui y Alí
eran más que colegas del hombre que había llegado a la
alcaldía mediante un voto de censura. Y, desde luego, por
haber aceptado la imposición del contrato de Urbaser por
parte de Jesús Simarro: tránsfuga imprescindible en
aquel momento. De no haberse producido semejante hecho,
quizá nunca habría sido alcalde Juan Vivas.
Pero fue decir el fiscal aquí estoy yo y salir largando los
dirigentes de Caballas en la Cadena Ser: dijeron que “el
contrato de Urbaser era la corrupción”. Y anunciaron que el
“Ayuntamiento había sido expoliado bajo la mirada
complaciente de su alcalde”. Y que “en el Ayuntamiento se
gobernaba con el aval del compadreo. Y que los funcionarios
firmaban, quizá por comodidad, todo lo que se les ponía
encima de la mesa”. Y no se privaron de propalar que el
Ayuntamiento más que la casa de tócame Roque parecía más
bien Patio de Monipodio.
Transcurridos unos meses, me fue posible conectar con
alguien que se sabía de memoria cómo se estaba investigando
el ‘caso Urbaser’. Y, conocedor de mi forma de proceder, me
puso al tanto de que todo se estaba haciendo tan mal que el
asunto acabaría siendo archivado. Mi forma de proceder, como
ustedes sabrán ya, es que jamás se me ocurriría mencionar el
nombre de quien me vaticinó lo que iba a ocurrir.
Lo que iba a ocurrir es, más o menos, motivado por lo que se
ha quejado, hace nada y menos, Eduardo Torres-Dulce:
fiscal general del Estado. De modo que a mí no me ha
sorprendido lo último que se nos ha dicho sobre un caso que
tiene tantas ramificaciones como para que en provincias
nadie se atreva a meterle el diente. Lo cual no quiere
decir, líbreme Dios, que yo vaya a despotricar contra la
decisión de quien ha sentenciado. Mi intrepidez no da para
tanto.
Lo que si da mi forma de ser es, sin duda alguna, para
decirle a nuestro alcalde que ha perdido los papeles. Que
anda desnortado. Y que bien haría en pedir ayuda a un
profesional de la cosa con el fin de que le devuelva al
redil del buen comportamiento en el menor tiempo posible.
Nuestro alcalde, hablando del ‘caso Urbaser’, ha respondido
a una pregunta preparada por él, acusando a los socialistas
y a este periódico de persecución contra su persona. Y se ha
quedado tan pancho. Nunca antes le había visto yo actuar
mejor. Como pobre hombre.
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OPINIÓN / EL OASIS
