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economía - LUNES, 28 DE ABRIL DE 2014


edificio sindical. ep.

crisis
 

La constitucionalidad del recorte de la paga extra es cuestionada

Es la primera vez que la Sala del Contencioso
Administrativo del Tribunal Supremo la recoge y habla sobre el recorte salarial sufrido por los funcionarios
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Pleno de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, con el apoyo favorable del Ministerio Fiscal, ha resuelto por unanimidad plantear al Tribunal Constitucional cuestión de constitucionalidad por posible infracción de la aplicación retroactiva de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 al personal funcionario de las administraciones publicas, según explica el sindicato Comisiones Obreras en una nota de prensa.

El pleno, en su auto de 2 de abril de 2014, notificado ayer a las partes, plantea la cuestión en relación con el recurso interpuesto por un funcionario del Tribunal Constitucional.

El sentido del auto cuestiona la aplicación retroactiva de la supresión de la paga efectuada en el sector publico, por posible contravención tanto de la irretroactividad de derechos individuales que garantiza el articulo 9.3 de la Constitución, como por posible vulneración del principio de seguridad jurídica del mismo articulo 9.3, mediante modificación extraordinaria de derechos y normas consolidadas.

El auto contiene, adicionalmente, la concreción del sistema de devengo del derecho correspondiente, dejando claro que, con carácter general, este se extiende desde el 1 de junio de 2012 hasta el 15 de julio del mismo año, incluyendo cuarenta y cuatro días de retribución. Este auto se une a otros muchos pronunciamientos que se vienen produciendo en el conjunto del Estado, tanto en jurisdicción social como contenciosa, que reconocen el derecho al cobro de la citada parte proporcional. Este derecho ya lo han reconocido varias administraciones autonómicas y locales que han acordado con las organizaciones sindicales su abono.

Comisiones Obreras, sindicato mayoritario en la Función Publica, demanda al Gobierno un acuerdo urgente con la representación sindical en el sector publico que permita hacer efectivo el derecho de las empleadas y empleados públicos que se viene reconociendo ampliamente, al tiempo que posibilita la suspensión de las enormes cantidades de acciones judiciales que se siguen tramitando con idéntica pretensión en todo el Estado. Igualmente, CCOO exige que se abra un proceso de negociación en el ámbito de la Mesa General de las Administraciones Publicas que permita recuperar el empleo y las condiciones laborales y salariales recortadas por los sucesivos gobiernos desde el inicio de la crisis.
 

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