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Cada 1º de mayo, se celebra el Día
Internacional del Trabajo. Efeméride en la que se reivindica
los derechos laborales de los trabajadores, de acuerdo al
artículo vigésimo tercero, de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, que dice:
“1º) Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre
elección de su trabajo, a condiciones equitativas y
satisfactorias de trabajo y a la protección contra el
desempleo.
2º) Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a
igual salario por trabajo igual.
3º) Toda persona que trabaja tiene derecho a una
remuneración equitativa y satisfactoria que le asegure, así
como a su familia, una asistencia conforme a la dignidad
humana y que será completada, en caso necesario, por
cualquier otro medio de protección social.
4º) Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a
sindicarse para la defensa de sus intereses”.
Por su parte, el artículo vigésimo cuarto de dicha
declaración universal establece también que: “Toda persona
tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a
una limitación razonable de la duración del trabajo y a
vacaciones periódicas pagadas”.
La Constitución española de 1978, sobre el derecho al
trabajo, lo tiene contemplado en su artículo trigésimo
quinto que dice:
“1º) Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el
derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficios, a la promoción a través del trabajo y a una
remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y
las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo...”.
En cuanto, a la Comunidad Autónoma Andaluza, el derecho al
trabajo de todos los andaluces, lo recogió en su primer
estatuto, firmado en Baqueira Beret por SM el rey Juan
Carlos I, el 30 de diciembre de 1981, cuando se encontraba
de vacaciones esquiando con su prole. Diciendo el artículo
duodécimo lo siguiente:
“Apartado 3º) La Comunidad Autónoma de Andalucía ejercerá
sus poderes con los siguientes objetivos básicos:
1.) La consecución del pleno empleo en todos los sectores de
la producción y la especial garantía de puestos de trabajo
para las jóvenes generaciones de andaluces.
3.) El aprovechamiento y la potenciación de los recursos
económicos de Andalucía, como su agricultura, ganadería,
minería, pesca, industria, turismo; promoción de la
inversión pública y privada, así como la justa distribución
de la riqueza y la renta.
4.) La superación de las condiciones económicas, sociales y
culturales que determinan la emigración de los andaluces y,
mientras ésta subsista, la asistencia con los emigrados para
mantener su vinculación con Andalucía. En todo caso, se
crearán las condiciones indispensables para hacer posible el
retorno de los emigrados y que éstos contribuyan con su
trabajo al bienestar colectivo del pueblo andaluz.
7.) La superación de los desequilibrios económicos, sociales
y culturales entre las distintas áreas territoriales de
Andalucía, fomentando su reciproca solidaridad.
10.) El desarrollo industrial, como fundamento del
crecimiento armónico de Andalucía.
11.) La reforma agraria entendida como la transformación,
modernización y desarrollo de las estructuras agrarias y
como instrumento de una política de crecimiento, pleno
empleo y corrección de los desequilibrios territoriales.”.
Hasta aquí sigo copiando literalmente, lo que dispusieron
los políticos acerca del derecho al trabajo y a la
protección y promoción del mismo. Porque, no sé usted,
estimado lector, pero servidor se encuentra subiéndose por
las paredes, en estos momentos que crea esta tribuna de
opinión referente al ‘Día del Trabajo’. Porque de lo
plasmado, los políticos andaluces, no han cumplido casi
nada, para la creación de empleos ni para la protección de
los emigrados.
Aunque, he ser justo, porque el pleno empleo lo consiguieron
de forma vitalicia en España, ciertos miembros de la Casa
Real y hasta políticos del ente oficial más insignificante
en sus diferentes ramas y allegados a través, de entre
otras, la doctrina de la política andaluza y española de los
‘Cursos de Formación, EREs falsos, Gürtel, Nóos, tráfico de
influencias…’. Resultando inexistente la justa distribución
de la riqueza y de la renta entre todos los españoles. No
afectándoles crisis alguna a la banca, al capitalismo y a
ciertas castas sindicales y políticas opresoras e
hipócritas… Aunque, para su deshonra quedarán marcados por
sus fechorías, ‘pelotazos’ y procesos judiciales en los que
estén inmersos.
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OPINIÓN / DESDE LA OTRA ORILLA
