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El anuncio hecho por el Gobierno
de la nación, tras el acuerdo del Consejo de Ministros, de
reforzar las vallas fronterizas de Ceuta y Melilla con una
inversión de 2,1 millones de euros es un primer paso en las
medidas a acometer, tras los trágicos sucesos del 6 de
febrero en nuestra zona fronteriza con las trágicas muertes
de inmigrantes. Las mallas “antitrepas” en 7.450 metros
discontinuos con una inversión de 792.940 euros y la
instalación de rejas hidráulicas bajo el puente del Tarajal
son una primera medida de control del flujo migratorio, a
las que se unirán la colaboración que ha de prestar la Unión
Europea, tras la petición del ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz de 45 millones de euros y la necesaria así
como obligada, cooperación al desarrollo de los países de
tránsito y origen de la inmigración ilegal.
Los principios de máxima legalidad en la entrada y máxima
integración en la permanencia, primarán en esta actuación,
según ha confesado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya
Saénz de Santamaría. Se hace necesario ponerle puertas al
campo, porque las fronteras son unos perímetros geográficos
que definen los espacios territoriales de los Estados, y no
se pueden vulnerar indiscriminadamente como si fueran un
campo sin vallar, con independencia de la concepción
comunitaria de la Europa sin fronteras para los ciudadanos
legalmente establecidos en los países miembros y el respeto
a los derechos humanos.
Los espacios limítrofes entre países no pueden convertirse
en zonas diáfanas, que vulneren los derechos de manera
arbitraria. Se requieren mecanismos de control físico y
legal que no impiden la entrada legal en los países sino los
procedimientos ilegales de tránsito. Los países han de
protegerse de aluviones humanos que intentan acceder a ellos
por la fuerza, cumpliendo siempre la legislación nacional e
internacional vigente.
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OPINIÓN / EDITORIAL
