El Gobierno mantendrá su posicionamiento con respecto a la
base 39 de ejecución del Presupuesto para 2014 y que permite
que tanto el interventor como la secretaria general de la
Asamblea de la Ciudad de Ceuta reciban indemnizaciones por
sus asistencias a los consejos de administración de las
empresas municipales.
Así lo afirmó ayer el portavoz del Gobierno, Emilio
Carreira, tras ser interrogado sobre el posicionamiento que
tomará el Ejecutivo después de que el dictamen emitido por
el Consejo de Estado diera todos los pronunciamientos de
legalidad a lo contemplado en las Cuentas.
Como ya publicó este diario, la Federación de Servicios
Públicos de la Unión General de Trabajadores realizó a la
Asamblea la petición de nulidad de pleno derecho de la
mencionada base de ejecución del Presupuesto de 2014 al
entender que ésta no se ajustaba a lo establecido en la
legislación y en la normativa vigente.
A raíz de la petición, la Ciudad abrió un procedimiento y
evacuó de oficio una consulta al Consejo de Estado para que
este organismo se pronunciase, sin carácter vinculante,
sobre si se había vulnerado algún tipo de norma o ley al
respecto.
Tras tener que enviar dos veces el expediente reseñado,
primero para la consulta, y de segundas aportando la
documentación del Tribunal de Cuentas, el órgano consultivo
no vio visos de ilegalidad en la acción del Gobierno de
Vivas, que según Carreira, mantiene su posicionamiento
inicial desde que aprobó las Cuentas.
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