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La doble comparecencia en el
Juzgado prevista para hoy en otros tantos casos, es un
indicativo de que los procesos judiciales con tintes
políticos comienzan a no ser nada extraños en Ceuta. De un
lado, la administradora de la empresa Kibesan 2.000 S.L., en
calidad de testigo en la causa en la que está imputada la
consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel
por la denuncia presentada por Conciencia Libre y, por otro,
el Interventor, José Caminero, éste sí acusado de presunta
prevaricación por el ‘caso Oclem’, abren una jornada
judicializada por dos temáticas bien distintas, aunque con
transfondo común: la política.
El asunto de Kibesan, aún en proceso de diligencias previas,
se encuentra incurso en la investigación abierta por la
juez, sobre las posibles responsabilidades a que hubiera
lugar por el fraccionamiento de pagos a la mencionada
empresa, cuando había una partida unitaria de 600.000 euros
incluída en los Presupuestos de la Ciudad y que se fue
fraccionando. Un procedimiento que eludía la convocatoria de
concurso público al aplicarse a cantidades inferiores a las
que marca la normativa para esa exigencia legal. Y ahí es
donde pudiera estar el presunto delito que se investiga. Por
ello, en la jornada de hoy, la administradora de la empresa
que recibió esos fraccionamientos de pagos, Kibesan, habrá
de dar respuesta a las preguntas sobre la que le interrogue
la juez.
En el caso del Interventor, quien ya hubo de depositar una
fianza de 18.000 euros se encuentra imputado de un presunto
delito de prevaricación por la denuncia presentada por la
empresa Oclem, a resultas de sus actuaciones con la misma y
de las que habrá de responder ante el procedimiento
judicial.
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OPINIÓN / EDITORIAL
