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CCOO informaba ayer a través de un comunicado de prensa que
ha conocido que el Gobierno pretende aprobar en los próximos
días su decisión final acerca de los Registros Civiles.
Por este motivo, desde la central sindical se ha considerado
que es imprescindible no solo mantener la presión para
impedir su privatización, sino realizar todas las acciones
complementarias que sean posibles para lograrlo.
Al conocer que la decisión final sobre los Registros Civiles
se encuentra ya para su aprobación por el consejo de
ministros, y, por tanto, ya en el ámbito del Gobierno, en el
que la vicepresidencia tiene un papel decisivo, CCOO se ha
dirigido por carta a su titular, exigiéndole, como se viene
haciendo desde la citada central sidnical desde hace más de
un año y medio al ministro de Justicia, el mantenimiento de
los Registros Civiles en el ámbito de la Administración de
Justicia.
En la carta, CCOO exige a la vicepresidenta del Gobierno,
Soraya Saenz de Santamaría que se mantengan los Registros
Civiles como servicio público, servidos por el personal
funcionario de la Administración de Justicia.
Del mismo modo, desde CCOO también se exige que se mantengan
todos los órganos judiciales que en la actualidad tienen
funciones de Registro Civil, incluidos los Juzgados de Paz,
además de que los encargados de los Registros Civiles sean
personal funcionario del cuerpo de Secretarios Judiciales o
del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa.
Igualmente, CCOO ha añadido a la carta que todas estas
reclamaciones conllevan evidentemente el abandono de
cualquier decisión del Gobierno que implique la
privatización del servicio público que prestan los Registros
Civiles, mediante la entrega de su gestión a los
registradores de la propiedad y mercantiles.
Finalmente, CCOO advierte a la vicepresidenta del Gobierno
que cualquier decisión que implique la privatización de los
Registros Civiles supondrá una declaración formal del
Gobierno contra los derechos de la ciudadanía y contra los
del personal de la Administración de Justicia, que
conduciría a un conflicto social y laboral de enormes
dimensiones, incluida la convocatoria de huelga en la
Administración de Justicia.
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comisiones obreras
