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El interventor de la Ciudad Autónoma, José María Caminero,
tendrá que acudir hoy al Juzgado de Instrucción número 1 de
Ceuta para declarar, en calidad de imputado, por el ‘caso
Oclem’. Después de que se suspendiera la declaración a
principios de marzo, ésta había quedado aplazada a la espera
de encontrar una nueva fecha en la que todas las partes
pudieran estar presentes. A esta cita también está llamado
el técnico de Industria de la Ciudad que dio por válido el
estudio de auditoría de Oclem y que constituye el principal
testigo del caso.
A Caminero se le imputa un presunto delito de prevaricación
administrativa por no aprobar el pago del importe de un
trabajo de auditoría que la empresa Oclem realizó por
encargo de la Administración. La cantidad del contrato, que
asciende a 18.000 euros, es la misma que el interventor ha
tenido que depositar en concepto de fianza y que, de
momento, no recuperará, a pesar de que interpuso un recurso
ante la querella criminal presentada por la mecionada
empresa, que finalmente la juez desestimó. La titular del
Juzgado de Instrucción número 1 de Ceuta, que lleva el caso,
desechó el recurso, al que también se unió Fiscalía, para
aclarar unos hechos que tienen apariencia delictiva, según
entiende la juez.
Desde la empresa aclaraban a principios de marzo a EL PUEBLO
que si se le imputa a Caminero un delito de prevaricación
administrativa no es porque este se negara a aprobar el
pago, sino por que “se ha extralimitado de sus funciones”.
El interventor señalaba en su informe que se habían copiado
datos de la GIUCE, aunque la empresa señala que esos datos
fueron facilitados por la ciudad para poder hacer el estudio
encargado por la Ciudad.
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Un caso que lleva estancado desde el año 2012
Los representantes jurídicos de la
empresa Oclem entienden que los técnicos son los que deben
juzgar si la auditoria de Eficiencia Energética del
Alumbrado Eléctrico de la Ciudad que se encargó a la empresa
cumplía los objetivos o no. Por ello, se apoyan en el
técnico de Industria que validó su trabajo de auditoría. Con
este procedimiento, Oclem quiere aclarar un caso que lleva
estancado desde 2012 y cuya cantidad ha reclamado en
multitud de ocasiones, según aseguraron, aunque los
resultados para poder percibir los honorarios pactados por
el trabajo han sido infructuosos hasta el momento
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juicio
