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En la mañana de ayer se presentó en rueda de prensa en
Sevilla el informe “Derechos Humanos en la Frontera Sur
2014” que cada año elabora la Asociación Pro Derechos
Humanos de Andalucía (APDHA). La presentación estuvo a cargo
de Rafael Lara (coordinador del informe y del área de
Solidaridad Internacional de la entidad) y Carlos Arce
(coordinador del área de Inmigración). En cada edición de
este estudio, la APDHA pretende ofrecer una visión sobre el
nivel de respeto de los Derechos Humanos en la gestión de
los flujos migratorios y el control de fronteras en el
confín Sur de la Unión Europea. Normalmente se centra en
distintos escenarios geográficos de esa Frontera Sur que
hayan tenido una especial relevancia durante el año concreto
que se analiza. Sin embargo, en esta ocasión la APDHA ha
visto imprescindible detenerse casi en exclusiva en uno de
esos territorios, Ceuta y Melilla, y hacerlo con una
perspectiva temporal más amplia.
“Los acontecimientos del pasado 6 de febrero de 2014 en la
playa del Tarajal, con la muerte de 15 personas durante la
actuación de la Guardia Civil para evitar un intento de
entrada por vías irregulares a territorio español, y la
desastrosa gestión posterior de los hechos por parte del
Gobierno español, han sido el factor inmediato que ha dado
forma al presente informe”, afirman desde APDHA.
En esta línea, Carlos Arce destacó las vulneraciones de
derechos fundamentales que el Gobierno español ha cometido
durante este episodio y las distintas acciones
político-jurídicas que la APDHA y los colectivos sociales
con los que trabaja en red han llevado a cabo en este
asunto, pero también el escenario que en materia de Derechos
Humanos se vislumbra a un corto/medio plazo en la Frontera
Sur. El intento de buscar un “paraguas” político-jurídico
para justificar las conocidas como “devoluciones en
caliente” a través de la supuesta cobertura del tratado
bilateral hispano-marroquí, de inverosímiles redefiniciones
del concepto frontera (las inexistentes “tierras de nadie”,
la idea de que no se entra en territorio español hasta que
se supera el último obstáculo fronterizo material o humano…)
o de posibles modificaciones de la Ley de Extranjería
centran las preocupaciones de la APDHA en esta materia.
El objetivo último del informe es precisamente poner de
relieve que los hechos del 6 de febrero no representan un
caso aislado o un desgraciado accidente puntual, sino que
por el contrario son consecuencia directa de más dos décadas
de procedimientos políticos, jurídicos y policiales de
control de fronteras en Ceuta y Melilla, en los que una
verdadera preocupación por el respeto de los derechos
fundamentales ha brillado por su ausencia. Por ello Rafael
Lara destacó que desde principios de los años 90 las
políticas de control de las fronteras que ambas ciudades
tienen con Marruecos han estado caracterizadas por una
perspectiva exclusivamente policial, y salpicadas por
episodios lamentables, impropios de un Estado que pretende
ser considerado como Democrático y de Derecho.
“Desgraciadamente, ejemplos de estos sucesos abundan y son
analizados en el informe: hacinamientos indignos en lugares
insalubres (murallas del Ángulo y Calamocarro en Ceuta o La
Granja en Melilla), expulsiones irregulares vulnerando la
legislación nacional e internacional (incluyendo sedaciones,
expulsiones de menores de edad y entregas directas a las
fuerzas de seguridad marroquíes sin procedimiento alguno) o
la utilización de métodos para impedir las entradas
irregulares que ponen en riesgo la vida y la integridad
física de los migrantes (concertinas, uso de munición real
en los sucesos de 2005 o de material antidisturbios en este
año)”.
Rafael Lara señaló en la rueda de prensa “cómo se trabajó en
blindar las fronteras de Ceuta y Melilla, proceso que
comenzó en 1995 y culminó en el año 2000 con la inauguración
de las vallas, que se construyeron con dinero del Fondo
Europeo para el Desarrollo Regional”. Sobre las muertes de
2005, ha apuntado que “aquel año la respuesta fue igual a la
que se ha dado a los hechos que vivimos el pasado febrero:
estamos ante una invasión, tenemos que elevar las vallas 6
metros más… Las respuestas son siempre las mismas y los
resultados, los mismos”.
Rafael Lara también recordó algunas de las principales
cifras del Balance Migratorio APDHA 2013, presentado
públicamente el pasado mes de de febrero y también incluido
en el presente informe, que desmienten una vez más los
mensajes alarmistas sobre supuestas invasiones de migrantes
subsaharianos a través de Ceuta y Melilla.
Desde la APDHA consideran que “otras políticas migratorias y
de fronteras respetuosas con los derechos fundamentales son
posibles; y en las conclusiones de este informe planteamos
algunas alternativas razonables y viables a nuestro juicio
para ir avanzando en su consecución”. Carlos Arce y Rafael
Lara aludieron a algunas de ellas, iniciativas que son
compartidas por las organizaciones españolas integradas en
la red euro-africana Migreurop. En concreto se propone que
la Unión Europea y España:
1) Faciliten la regularización de los migrantes
subsaharianos que se encuentran bloqueados en el Norte de
África. Hay un procedimiento en marcha en Marruecos que
podría darles cabida si se ajustan los requisitos exigidos.
2) Faciliten y garanticen la llegada a la UE en calidad de
solicitantes de asilo a quienes puedan estar en condiciones
de solicitar protección internacional.
3) Apliquen criterios amplios de reunificación familiar para
permitir la entrada en la UE de quienes tengan familiares
residiendo en ella, concediendo visados de estancia
temporal.
4) Concedan un significativo número de visados a los países
africanos de los que proceden estas personas.
La APDHA y los colectivos de Migreurop España son
conscientes que “medidas como éstas paliarían pero no
acabarían con todos los problemas que nos plantea la
inhumana política migratoria de la UE. En aras de buscar
esas soluciones que aspiren a ser definitivas se propone
crear una mesa de entidades socio-políticas suficientemente
representativas e instituciones nacionales, comunitarias e
internacionales con competencia en la definición de las
políticas migratorias, cuya función sería la de indagar las
diferentes opciones para conseguir unas políticas
migratorias y de fronteras de carácter multidimensional
realmente respetuosas con los Derechos Humanos”.
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Informe/“Derechos Humanos en la Frontera
Sur 2014”
