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La Administradora Única de la empresa Kibesan 2.000,
involucrada en el presunto fraccionamiento de pagos por la
que se encuentra imputada por prevaricación la consejera de
Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda Bel, declará
finalmente como testigo mañana miércoles, tras ser citada
por la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción
número 1 de Ceuta, aunque en un principio estaba previsto
que hubiera declarado el pasado día 9 de abril, si bien la
citación quedó aplazada hasta el día 23 abril.
La jueza continúa con las diligencias previas encaminadas a
determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, las
personas que en él hayan participado, etc. En este proceso
de instrucción de la causa abierta contra Yolanda Bel, la
jueza quiere conocer el testimonio de la Administradora
Única de la empresa Kibesan, pero ésta no será la única, ya
que todo apunta a que la jueza cite a más personas en
calidad de testigos para recopilar todos los datos que le
permitan adoptar una decisión sobre esta causa judicial: o
proseguir con ella o archivar el caso. La jueza determinará
en este proceso si hay la denominada “causa probable”, es
decir, si hay razones para creer que la persona denunciada,
Yolanda Bel, cometió o no el delito que se le imputa.
Como se recordará, la denuncia contra Yolanda Bel fue
presentada por la Asociación “Conciencia Libre” ante la
Fiscalía Anticorrupción quien derivó el asunto al Juzgado,
por estimar que había indicios de presunto delito de
prevaricación. La jueza así lo entendió también, tal y como
se lo comunicó, en el momento de su declaración el pasado 22
de enero a Yolanda Bel.
‘EL PUEBLO’ tuvo acceso al texto íntegro de la denuncia, el
cual señala que “nos encontramos ante un claro y flagrante
incumplimiento del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de
junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas, ya que al
superar las compras realizadas por la Consejería de
Presidencia, Gobernación y Empleo a la empresa Kibesan 2000
S.L. la cantidad de 18.000€, es de obligado cumplimiento la
realización de un contrato público”, expone la denuncia ante
la Fiscalía, que también añade que “el artículo 68.2 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas establece que “no podrá
fraccionarse un contrato con objeto de disminuir la cuantía
del mismo y eludir así los requisitos de publicidad, el
procedimiento o la forma de adjudicación que corresponda”
Además la denuncia presentada añade que “no se ha realizado
el oportuno expediente de contratación correspondiente que
redundaría en beneficio del ayuntamiento al garantizar la
obtención de la mejor oferta técnica y económica, según
establece el TRLCAP.”, aspecto éste que fue reconocido por
la propia Consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo,
Yolanda Bel, el pasado día 21 de septiembre, en una rueda de
prensa donde fijaba los pagos de la empresa Kibesan 2000 S.L.
en un total “de 39.748€, más uno pendiente de 1.239€,
intentando justificar estos pagos porque según ella si
sacase a concurso la partida presupuestaria completa de
600.000€, se podría presentar “una empresa de Dios sabe
dónde- dijo Bel- y se lleva el concurso, y yo no le doy ni
un céntimo a una empresa local, al menos habría que
preguntarse, ¿si eso es justo?”. También aseguro “que no
sacaba un concurso de suministro porque no se pueden prever
y de que lo que se trata es que coman todas las empresas
locales”.
La Asociación “Conciencia Libre” también le acusaba de
tráfico de influencia, además de prevaricación, aunque el
primer supuesto, no ha sido contemplado por la jueza, de
momento.
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La jueza determinará en este proceso si hay la denominada
“causa probable”
La denuncia contra Bel fue
presentada por la Asociación “Conciencia Libre”ante la
Fiscalía quien derivó el asunto al Juzgado, por estimar que
había indicios de presunto delito de prevaricación. La jueza
determinará en este proceso si hay la denominada “causa
probable”, es decir, si hay razones para creer que la
persona denunciada cometió o no el delito que se le imputa.
La consejera de Presidencia, Gobernación y Empleo, Yolanda
Bel, que declararó en calidad de imputada por un presunto
delito de prevaricación el pasado 22 de enero aportó mucha
documentación y se negó ayer a contestar a las 23 preguntas
formuladas por la acusación particular en el conocido “caso
Kibesan”.
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tribunales
