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El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se ha negado a
archivar la causa en la que investiga las torturas que
habrían sufrido cuatro presos en la base militar
estadounidense de Guántanamo entre 2002 y 2005 a pesar de la
limitación de la jurisdicción universal, y ha vuelto a
preguntar a Estados Unidos, tal y como hizo en 2009, si ha
investigado estos hechos.
Así consta en un auto en el que el titular del Juzgado
Central de Instrucción número 5 incoa sumario por delitos de
torturas y contra la integridad moral en concurso con uno o
varios delitos de crímenes de guerra y anuncia que
preguntará al Tribunal Supremo si considera que Estados
Unidos ha perseguido estos hechos de forma eficaz.
Se trata de las torturas que habrían sufrido en la prisión
cubana Hamed Abderraman Ahmed, nacido en Ceuta y conocido
con los alias de “Hamido” y el “talibán español”; el
marroquí Lahcen Ikassrien, con residencia y arraigo en
nuestro país; el palestino Jamil Adullatif El Banna y el
libio Omar Deghayes.
Perseguir las torturas
En su resolución Ruz destaca que los Convenios de Ginebra y
la Convención contra la Tortura obligan a los estados
firmantes a perseguir este tipo de delitos y que la recién
reformada Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) establece
en su artículo 23.5 que los delitos de jurisdicción
universal no se perseguirán en España si se acredita que
están siendo investigados en un tribunal internacional o en
el estado del lugar en el que se cometieron los hechos.
A este respecto, señala que esta ley “reconoce la
competencia de la jurisdicción española para conocer de
cualquier otro delito cuya persecución se imponga con
carácter obligatorio por un tratado vigente para España o
por otros actos normativos de una organización internacional
de la que España sea miembro”.
Para emitir “un juicio ponderado y racional” sobre la
“posible concurrencia del principio de subsidiariedad” entre
la Justicia española y la estadounidense, el juez vuelve a
dirigirse a las autoridades norteamericanas para que
informen sobre “la evolución y estado actual de las
investigaciones” que se están llevando a cabo sobre esta
materia.
De igual modo, anuncia que elevará ante la Sala Segunda del
Supremo una exposición razonada para que “con arreglo a la
información obrante en la causa determine la existencia en
los Estados Unidos de un procedimiento en investigación de
los hechos objeto de la presente instrucción y, en
consecuencia, su disposición a actuar en relación a los
mismos”.
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