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El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio
Carracao, ha acusado al Gobierno de “irresponsable” ante su
“falta de diligencia a la hora de actuar sobre las
deficiencias que el informe del Servicio de Extinción de
Incendios advirtió en el edificio Ceuta Center”.
En este sentido ha reiterado la “exigencia del cierre de las
zonas del edificio más expuestas al riesgo” y es que para el
líder socialista, “la seguridad de quienes trabajan allí y
de los ciudadanos y ciudadanas que frecuentan las
dependencias municipales deben estar por encima de cualquier
otra consideración, lo primero es la seguridad, no hay nada
más importante y en segundo lugar solucionar estas
deficiencias”.
Como ya publicó este diario en la edición del lunes, un
informe emitido por el jefe del Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales de la Comunidad, a requerimiento de la
Inspección de Trabajo tras la demanda presentada por la
Federación de Servicios Públicos de la Unión General de
Trabajadores, pone de manifiesto que pese a que el edificio
acoge servicios de dos administraciones públicas, nadie
respeta la normativa que afecta a la propiedad horizontal en
materia de seguridad.
Y es que el edificio, aparte de las deficiencias detectadas
por los Servicios de Extinción de Incendios y Salvamento,
cuenta con dos informes más realizadas por el responsable de
Prevención de Riesgos Laborales fechados el 6 de mayo y el
24 de julio de 2013.
Es curioso como la Administración de la Ciudad, que en el
año 2008 aprobó todo lo relativo a estos apartados no cumple
con los mismos, al igual que le pasa a la Administración de
Justicia. Hay que tener en cuenta que la segunda planta, la
realización de una obra de reforma provocó la anulación de
una escalera de emergencia.
En este sentido, el informe dice que el Ceuta Center está
compuesto por una comunidad de propietarios amplia, inmersos
en una observación de la Ley de Seguridad y Salud percibida
como mero trámite buroπcrático que le resuelven las empresas
gestoras especializadas que contratan y que no justifica
acciones de mayor carácter, porque no se prevé
responsabilidades de tipo penal o administrativas de alto
alcance en el perjuicio económico.
El informe concluye que a pesar de las deficiencias
detectadas, los problemas continúan con el peligro que ello
conlleva en el supuesto de que se produjese cualquier
problema relativo a la seguridad, situación que ha sido
criticada por un representante sindical de la FSP de la
Unión General de Trabajadores.
Para José Miguel Antunez, de UGT, la misión que tiene el
Servicio de Prevención de Riesgos Laborales es detectar las
irregularidades y las deficiencias y trasladarlas a los
órganos que competan, en este caso y en lo que “nos compete,
la Administración de la Ciudad”.
Sorprendente
Para el sindicalista, lo sorprendente no es lo que diga el
informe, “lo que si sorprende, y mucho, es que pesar de lo
que dicen los Bomberos y la Prevención de los Riesgos
Laborales sobre las deficiencias graves que existen en el
edificio, nadie tome cartas en el asunto y encima la señora
consejera despreciando el informe de Bomberos”. Antunez
añade que “cualquier otra administración se hubiese tomado
el asunto con más interés”.
En la segunda planta, refiere el sindicalista, en uno de los
accesos o salidas de emergencia de la parte que ocupa la
Administración de Justicia, “se han construido unos
calabozos y en la parte ocupada por la Administración de la
Ciudad, esté el servicio de Vivienda y unos despachos, pero
esto no es nuevo. Desde el año 2002 y 2003 ya se venía
hablando de las deficiencias”.
Ante la complejidad de las soluciones para las deficiencias,
el sindicalista explica que una solución pasaría “por
disminuir el número de trabajadores y se diera alguna
emergencia en un momento dado, el desalojo se produciría con
mucho más facilidad”.
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psoe
