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El Servicio de Prevención de
Riesgos Laborales dependiente de la Consejería de Hacienda y
Recursos Humanos, ha emitido un informe a la Inspección de
Trabajo que abunda, no ya en los defectos que ya apuntaba el
del Servicio de Extinción de Incendios, sino que es mucho
más contundente en alguno de sus párrafos: “Es un espacio en
donde nadie respeta la normativa que afecta a la propiedad
horizontal en materia de seguridad” o el que menciona algo
alarmante como “existe un peligro de muy difícil corrección
que es la deficiente compartimentación respecto a productos
de la combustión del edificio”. Se habla también de
“conducta permisiva y relajada en materia de seguridad”.
Expresiones todas ellas sumamente graves, por tratarse de un
edificio oficial que no da ejemplo de cumplimiento de la
legislación y constituido en un verdadero peligro para las
personas que trabajan allí. Una “bomba” de relojería.
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la Ciudad
Autónoma aconseja que se ordene un proyecto de
autoprotección por parte de la autoridad laboral y, encima,
que se haga un seguimiento a todo el proceso de
remodelación, fijándose un plazo de ejecución de las obras.
Unas actuaciones que, si afectarán a un particular o a una
empresa privada, ya habrían tenido consecuencias mucho más
contundentes que la indiferencia que viene mostrando la
Ciudad Autónoma a este respecto. ¿Quién sanciona a la propia
Ciudad Autónoma por sus incumplimientos a la normativa
vigente y que atentan a la seguridad de las personas? ¿Quién
asume responsabilidades políticas por estas anomalías que
son un cúmulo de despropósitos sin haber ejecutado ninguna
acción correctora? Demasiados desatinos como para tolerar
por más tiempo una situación tan grave.
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OPINIÓN / EDITORIAL
