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En el informe emitido por el jefe del Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales de la Ciudad se explica que el edificio
de Ceuta Center está compuesto por una comunidad de
propietarios amplia, inmersos en una observación de la Ley
de Seguridad y Salud percibida como un mero trámite
burocrático que les resuelven las empresas gestoras
especializadas que contratan y que no justifica acciones de
mayor carácter, porque no prevén responsabilidades de tipo
penal o administrativos de alto alcance en el perjuicio
económico.
Según el informe, los organismos autónomos que utilizan
suelo del edificio del Ceuta Center, “quieren, deciden y
puede en la medida que ejecutan acciones individualizadas y
solo cercanas a sus intereses, sin idea de una seguridad
colectiva. Es entendible, por tanto, que el especialista en
Prevención detesta que se cada empresa u organismo lleva una
política particular en lo que a la seguridad se refiere, lo
que va en detrimento de las medidas generales.
Pero quizá lo más grave lo describe el jefe del Servicio
cuando explica que estas dos condiciones derivan en una
“conducta permisiva y relajada” en materia de seguridad,
manteniéndose un a actitud rompedora en cualquier intento de
“este Servicio de llevar a cabo alguna acción correctora”.
Esto viene complementando cuando en el informe se dice que
las distintas personas jurídicas con participación en la
propiedad ejecutan en sus espacios de explotación las
protecciones que entienden correctas sin detectar las
incompatibilidades o duplicidades que pueden aportar al
conjunto.
El técnico es concluyente cuando refleja en el informe que
en general, es un espacio donde nadie respeta la normativa
que afecta a las propiedad horizontal en materia de
seguridad. Eso incluye a todas las oficinas y espacios que
las distintas administraciones tienen en el Ceuta Center.
Para el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la
Ciudad, una de las líneas de acción que debe imponerse para
dar solución al asunto pasa por reunir en acto de
coordinación de actividades empresariales a todos los
propietarios, comunicarles las deficiencias y que la
autoridad laboral mandate el que soporten el coste de un
proyecto de corrección de instalaciones para la
autoprotección. Esta obligación, propone el técnico, tiene
que contar con un plazo, controlando la ejecución, el
soporte económico y vigilar estos hasta su total
cumplimiento.
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Problemas de Seguridad/Ceuta Center
