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La cuestión de la residencia en
Ceuta y las consiguientes bonificaciones que conlleva tal
consideración son objeto de polémica y seguimiento, dado el
fraude detectado. La Agencia Tributaria está haciendo un
seguimiento a determinados colectivos por si incumplen la
normativa. Por otra parte, la Confederación de Empresarios
también alerta de las pérdidas originadas por quienes no
cumplen con la residencia en nuestra ciudad, cuantificado en
tres millones y medio de euros mensuales y cuarenta anuales.
Cantidad considerable cuando el trabajador realiza su
consumo como desplazado fuera de Ceuta, pese a trabajar y
cobrar su sueldo aquí. Y en este sentido, se debería abrir
una medida de control a través de las empresas a las que
pertenezcan para que éstas garantizaran el lugar donde
residen y así evitar que, quienes hacen turnos, acumulen los
días de permiso para coger el barco y abandonar Ceuta, pese
a que en el IRPF y en el propio billete, se beneficien de
una condición que no ejercen.
La CECE advierte que sin los 500 funcionarios que están
previstos para la nueva cárcel no residen en nuestra ciudad,
flaco favor se le hace al consumo local y al pretendido
arraigo si no residen un mínimo de 183 días en Ceuta, como
marca la ley para tener la consideración de residentes. Los
fraudes cuando se trata de beneficios fiscales, están a la
orden del día y desde las instituciones públicas, deberían
ser los primeros en salvaguardar esta situación y evitar que
se vulnere la legislación. El control en este sentido ha de
ejercerse desde todos los ámbitos y perseguir a los pícaros,
sean quienes sean. No puede sorprender a nadie que se ejerza
el cumplimiento de la ley de manera estricta, porque es una
exigencia que ha de hacerse efectiva y drástica.
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OPINIÓN / EDITORIAL
