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Finalmente será el próximo día 23 de abril cuando el
interventor de la Ciudad Autónoma, José María Caminero,
tenga que acudir a los juzgados para declarar por el ‘caso
Oclem’ como imputado. Después de que se suspendiera la
declaración a principios de marzo, esta había quedado
aplazada a la espera de encontrar una nueva fecha en la que
todas las partes pudieran estar presentes. A esta cita
también acudirá el técnico de Industria del Ayuntamiento que
dio por válido el estudio de auditoría de Oclem y que será
el principal testigo del caso.
A Caminero se le imputa un presunto delito de prevaricación
administrativa por no aprobar el pago de un auditoría que
Oclem realizó por encargo de la administración. La cantidad
del contrato, que asciende a 18.000 euros, es la misma que
el interventor ha tenido que pagar en concepto de fianza y,
de momento, no la recuperará, a pesar de que interpuso un
recurso ante la querella criminal de Oclem, que finalmente
la juez desestimó. La titular del Juzgado de Instrucción
número 1 de Ceuta, que lleva el caso, desechó el recurso, al
que también se unió Fiscalía, para aclarar unos hechos que
tienen apariencia delictiva, según entiende la juez.
Desde la empresa aclaraban a principios de marzo a EL PUEBLO
que si se le imputa a Caminero un delito de prevaricación
administrativa no es porque este se negara a aprobar el
pago, sino por que “se ha extralimitado de sus funciones”.
El interventor señalaba en su informe que se habían copiado
datos de la GIUCE, aunque la empresa señala que esos datos
fueron facilitados por la ciudad para poder hacer el
estudio. Los representantes jurídicos de Oclem entienden que
los técnicos son los que deben juzgar si la auditoria de
Eficiencia Energética del Alumbrado Eléctrico de la Ciudad
que se encargó a la empresa cumplía los objetivos o no. Por
ello, se apoyan en el técnico de Industria que validó su
auditoría. Con este procedimiento, Oclem quiere aclarar un
caso que lleva estancado desde 2012.
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