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El Gobierno de Vivas confirmó ayer, tal y como adelantó este
periódico, que la Mesa Negociadora se reúne hoy y que
tratará una propuesta para cubrir 29 empleos por el sistema
de libre designación. No obstante, como es habitual, el
Ejecutivo de Vivas intenta que los árboles no dejen a los
ciudadanos ver el bosque, afirmando que “los 29 empleos, que
equivalen a un 1,9 % de la plantilla de la Ciudad (unos
1.500 empleados), existen actualmente y están cubiertos, de
modo que la propuesta no supone ni la creación de un solo
puesto de trabajo ni conlleva coste alguno”, cuando no es
ese el verdadero trasfondo, si bien cabría estudiar si todos
esos puestos son en verdad necesarios y cuanto se podría
ahorrar eliminándo algunos de ellos.
Pero repito, ese no es el problema. La cuestión importante
son algunas de las debilidades que presenta la
Administración de la Ciudad Autónoma de Ceuta provocadas por
el Gobierno de Vivas y que desde hace tiempo llevan
denunciando tanto la oposición como los sindicatos. Entre
algunas de esas debilidades se encuentra el fraccionamiento
de contratos sin justificación, las facturas sin
consignación, la relativa transparencia de las empresas
públicas, y como no, el abuso de la libre designación.
Estos “agujeros” de la Administración han vuelto al primer
plano después de que saliera a la luz el ‘caso Kibesan’, las
‘facturas en los cajones’ del Plan de Pago a Proveedores o
la polémica generada con los puestos de Interventor y
Secretaria General.
En este sentido, la libre designación, es una de las raíces
del problema. No hay conversación o cotilleo en la que no
aparezca la cuestión de cómo se ha venido utilizando la
libre designación para cubrir los puestos de alto
funcionario. El abuso de esta forma de provisión de cargos
ha sido denunciado reiteradamente por el PSOE y Caballas y
por los sindicatos, sobre todo UGT que ha conseguido tumbar
en los tribunales los nombramientos de directores y
subdirectores generales. Todos los colectivos que han
criticado el abuso que se hace de la libre designación -una
cuestión común a buena parte de las administraciones del
país- coinciden en señalar que su mayor peligro es que el
poder político consiga diseñar una administración sumisa a
sus intereses,y acabar con la posibilidad de que el
funcionario diga “no”.
En la práctica hay quien defiende que esto supone ascender a
los funcionarios con carné y afines ideológicamente al
partido que sustenta al Gobierno. Pero esto no siempre es
así. En otros casos simplemente “se asciende a gente que
acaba de sacar la oposición que tiene poca experiencia y
ninguna antigüedad ni complemento salarial consolidado. Para
esta gente un ascenso supone una buena inyección de dinero
al mes. Por eso es lógico que en caso de duda acepten lo que
les dice su superior político”, explican trabajadores de la
Administración.
A la libre designación habría que añadir la figura de la
“comisión de servicios”, que sobre el papel sirve para
cubrir durante un año un puesto en la Administración hasta
que se convoque el concurso para optar a la plaza. Pero
estos concursos estuvieron durante años congelados,
convirtiéndose así en una libre designación de facto.
¿Pero cuáles son los peligros?
Fundamentalmente acabar con la independencia del
funcionario. Un ejemplo. Las mesas de contratación por las
que tienen que pasar las ofertas para los grandes contratos
de obras y de suministros de la Administración están
compuestos obligatoriamente por un letrado y un interventor,
y habitualmente por el jefe de servicio del que depende la
obra, que debe defender el porqué es necesaria. Y si estos
son elegidos a dedo. ¿qué garantías hay de que siendo cargos
de confianza del cargo político no se dejen presionar para
apostar por una u otra oferta?
Las empresas públicas
O como machaconamente los denominada el PP, los
“chiringuitos”. Este tipo de empresas han servido al
Gobierno de Vivas para ocultar deuda pública, adjudicar
contratos con dinero público evitando el control
parlamentario y contratar a trabajadores sin la criba de la
oposición pública.
Las dudas en las adjudicaciones de los contratos
El Tribunal de Cuentas repite constantemente en sus informes
advertencias de cómo los criterios que se utilizan en las
adjudicaciones no son objetivos, que hay métodos de
adjudicación, como es el trámite de urgencia, que se ponen
en marcha sin justificación aparente o cómo se abusa del
fraccionamiento de contratos. Esto es, convertir un contrato
mayor en uno o varios de menor cuantía y así poder
adjudicarlo directamente sin concurso público. La ley de
contratos públicos, cuya última versión es de 2007,
clasifica los contratos menores en aquellos cuyo precio es
menor de 18.000 euros para suministros, y los que son
menores de 50.000 euros para obras.
Éstos pueden adjudicarse sin necesidad de concurso público.
La práctica habitual es que la Administración invite a
enviar ofertas a un mínimo de tres empresas. Las ofertas se
valoran y se adjudica el contrato a la que se considere
mejor de manera directa. El objetivo es dar agilidad a
determinadas compras y obras que no pueden esperar al
proceso burocrático que exige un gran contrato. Sin embargo,
por esta vía de los contratos menores se adjudican cada año
miles de euros.
Estas son algunas de las debilidades más importantes que
presenta la Administración de la Ciudad Autónoma y que el
Gobierno de Vivas olvidó de incluir ayer a su comunicado de
prensa. Seguramente por aquello de no dejar que ‘la verdad
te estropee una buena noticia’.
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